Un informe cuestiona el doble trámite exigido a las viviendas vacacionales en Canarias
ASCAV sostiene que Competencia considera contrario a la normativa estatal exigir también la comunicación previa de actividad clasificada
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestiona que los propietarios de viviendas vacacionales en Canarias tengan que presentar una comunicación previa de actividad clasificada ante los ayuntamientos, además de la declaración responsable de inicio de actividad presentada ante el Gobierno autonómico.
Así lo recoge el informe UM/045/26 VUT Canarias, emitido después de una denuncia presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV). Según explica la asociación, la CNMC considera que esta doble exigencia puede vulnerar la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado.
En concreto, Competencia aprecia la existencia de un "obstáculo o barrera" relacionado con la aplicación de esta legislación estatal y señala una posible vulneración del principio de simplificación de cargas.
ASCAV lleva más de dos años cuestionando la obligación de tramitar la actividad clasificada y considera que este requisito supone una importante dificultad para numerosos propietarios que explotan viviendas vacacionales en las islas.
La asociación advierte además de las consecuencias derivadas de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda en Canarias, posteriormente modificada por la Ley 7/2026. La normativa establece hasta el 31 de julio de 2027 para que determinados propietarios que no hayan solicitado la actividad clasificada puedan hacerlo.
Sin embargo, ASCAV asegura que algunos ayuntamientos están resolviendo negativamente estas solicitudes aplicando la nueva regulación, lo que puede impedir que determinadas viviendas continúen desarrollando la actividad turística.
La cuestión podría experimentar nuevos cambios en los próximos meses. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció en el Parlamento regional el pasado 22 de julio que el Ejecutivo trabajaría a partir de septiembre en un decreto ley destinado, entre otros asuntos, a aclarar la exigencia de actividad clasificada.
ASCAV espera que esta futura modificación aporte seguridad jurídica a los propietarios afectados y permita aclarar definitivamente qué trámites son necesarios para continuar ejerciendo la actividad de alquiler vacacional.
