Borrón y cuenta nueva en el vino
La disolución, el pasado lunes 19 de mayo, del pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote ha sido el desenlace lógico de una crisis larvada desde hace tiempo. Una crisis gestada en el seno de este órgano, coincidiendo paradójicamente con el punto álgido en el que se encuentra el sector vitivinícola de la isla, que vive en estos momentos sin duda la mejor situación de sus últimos 20 años.
Superado definitivamente el sempiterno debate de la tardanza de las bodegas en pagar, así como la constante incertidumbre del precio de la uva en el que se veía envuelto el sector un día sí y otro también no hace apenas ni una década, en los últimos cinco años además se ha incrementado el precio de la uva en más de un 80% y la exportación al exterior de nuestros caldos ha pasado de un 30% a un 50%, mejorando notablemente la comercialización y la imagen de uno de nuestros más valiosos productos.
La incuestionable mejora de nuestro sector vitivinícola ha sido posible gracias al vuelco radical en la dirección que asumió el órgano vitivinícola en 2009, centrado en una presidencia ejecutiva que profesionalizó la gestión del Consejo enfocándose, con indudable acierto, en la apuesta por estudiadas líneas de promoción y de valorización del producto que tan excelentes resultados ha dado para el sector. Además de una adecuada promoción mediática, basta citar, entre otras actuaciones que sería largo enumerar, las iniciativas más conocidas como la Wine Run o Sonidos Líquidos, a las que se ha sumado una estrecha colaboración interinstitucional en proyectos de éxito y gran calado como “Saborea Lanzarote”, uno de los productos más importantes con los que en este momento cuenta la isla de Lanzarote, muestra de lo mucho que se puede conseguir gracias a la unión y colaboración público-privada.
La situación vivida en las últimas semanas, tras la dimisión de la presidenta Ascensión Robayna y la mayor parte de su plancha representante del sector viticultor, en la que quedó ostentando la junta directiva una serie de bodegas representando apenas al 15% del total de la producción, se hacía a todas luces insostenible, pese al empeño del director general del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de tratar de resolver la situación poniendo paños calientes en un órgano cuya temperatura había ido subiendo demasiado en los últimos meses. El escrito firmado por un total de 6 bodegas, que congregan al 70% de la producción de la isla, mostrando su malestar por no sentirse representadas y por el abandono de la línea emprendida, fue la gota que colmó el vaso y que removió aún más el caldo del sector vitivinícola que a estas alturas ya estaba empezando a avinagrarse.
El problema ya se había ido gestando mucho tiempo antes. El cúmulo de obstáculos que había encontrado la última presidenta, que llegó a calificar la situación poco menos que de insoportable, no eran sino la continuación de un lastre con el que ya había tenido que lidiar previamente el anterior presidente del Consejo, Javier Betancort. La dejadez de las bodegas grandes, que les llevó a no poder presentar candidatura, desembocó en las últimas elecciones al Consejo en que algunos sectores del mismo, ligados a las bodegas más pequeñas se hicieran democrática y legítimamente con la junta directiva del mismo. Pero el problema se hizo patente: la falta de amplitud de visión hacia el sector, combinado con la estrechez de miras tratando de favorecer los pequeños intereses particulares, abocaron a la ruptura con la línea de gestión iniciada desde hace 5 años, sin ninguna argumentación razonable que justificara el cambio de rumbo, y sin que hubiera un objetivo claro de interés general para el sector. Y lo que es peor, con la amenaza de echar por tierra todo el esfuerzo realizado de los últimos años, poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta ahora.
Además, a esta situación, se añadía otro problema lateral. En el año 2008, cambió la naturaleza legal del Consejo Regulador, dejando de tener la potestad de inspección y control alimentario, pasando a convertirse en una entidad cuyos fines, definidos por los estatutos clara e inequívocamente, son la representación del sector y la promoción del mismo. Asimismo dejó de ser un organismo público, para convertirse en una entidad privada tutelada bajo la administración pública. Pero, pese al cambio, aún quedó una obsoleta y funcionarial estructura laboral del Consejo, que a día de hoy ha dejado de tener sentido y no se adecua al a nueva realidad que exige la entidad, sin que ninguna junta directiva haya sido capaz de adaptarla a los fines del órgano regulador.
El lunes pasado, con la renuncia a tomar posesión del cargo de los dos vocales suplentes que quedaban de la lista de viticultores, se disolvió el Consejo y con él todo el despropósito acumulado en los últimos tiempos. Este momento es crucial, pues el sector ha llegado a un punto donde existe una clara amenaza de involución si a partir de ahora no se pone remedio. La nueva junta directiva que dentro de unos meses salga tras la gestora tiene por delante tres importantes retos: seguir con la línea de valorización y promoción del producto, en aras de continuar con el posicionamiento y la comercialización en el exterior; acometer una reorganización laboral del Consejo no sólo adaptada a los fines del mismo sino también dotada de mayor agilidad, y trabajar, como objetivo irrenunciable, en la consecución de un reparto por parte del Gobierno de Canarias más equitativo de los fondos del POSEI hacia la viña lanzaroteña, que se ha situado hoy en el mejor momento de su historia y cuyo valor añadido no sólo es incuestionable, sino que es incalculable de cara a la singularidad lanzaroteña como destino turístico.
Todo ello sin olvidar la apuesta por un Plan Especial de La Geria que sea capaz de conjugar la conservación medioambiental de uno de los paisajes más bellos del mundo, con el desarrollo económico de un sector vitícola y bodeguero al que, en vez de colocarle palos en las ruedas, lo que merece y necesita es de todo el apoyo posible por la parte que le toca en su importante contribución al interés general de Lanzarote.
