Canarias no puede seguir siendo espectadora de sus propios aeropuertos

Las palabras de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido en el Congreso vuelven a poner en evidencia una realidad difícil de seguir ignorando: Canarias continúa sin capacidad real de decisión sobre unas infraestructuras que son vitales para su economía, su cohesión social y su propia supervivencia como territorio insular.

En un archipiélago donde el transporte aéreo no es una alternativa sino una obligación, resulta cada vez más difícil justificar que la Comunidad Autónoma siga excluida de la gestión efectiva de sus aeropuertos, pese a lo que establece el Estatuto de Autonomía. El artículo 161 no es una declaración simbólica: reconoce un derecho claro a la participación y a la cogestión que sigue sin materializarse.

El Gobierno central, con el ministro Óscar Puente al frente de Transportes, insiste en defender el modelo de Aena como un caso de éxito basado en cifras récord de pasajeros. Pero en Canarias esa narrativa suena cada vez más a coartada: el volumen de tráfico no puede ocultar deficiencias en la calidad del servicio, saturación, conflictos laborales recurrentes y una gestión que responde más a la lógica del dividendo que a la del servicio público esencial.

Lo más llamativo es la doble vara de medir del Estado. Mientras se muestran avances y apertura a fórmulas de mayor participación en la gestión aeroportuaria en territorios como el País Vasco o Cataluña, en el caso de Canarias se multiplican las reservas, las dudas y los obstáculos. Esa diferencia de trato no solo es políticamente difícil de explicar, sino que alimenta una sensación creciente de desigualdad dentro del propio Estado.

Los aeropuertos canarios no son comparables a los del resto del país. Son infraestructuras ultraperiféricas, sin alternativa terrestre posible, absolutamente determinantes para la vida diaria. Mantener su gestión completamente centralizada no es eficiencia: es una anomalía que ignora la realidad territorial del Archipiélago.

La cogestión aeroportuaria no es una reivindicación simbólica ni un gesto identitario. Es la aplicación estricta del Estatuto de Autonomía y una cuestión de coherencia democrática. Canarias no pide privilegios: exige el mismo respeto institucional y político que se reconoce a otros territorios cuando plantean sus propias demandas.