Cazadores, entre la incomprensión y la exageración

Los cazadores han vuelto a salir a la calle para denunciar lo que consideran un recorte sistemático de sus derechos y libertades. En su opinión, la maraña de nuevas normativas y limitaciones no solo dificulta la práctica de la caza, sino que cuestiona una forma de vida profundamente enraizada en el mundo rural.

La protesta no es un hecho aislado, sino la expresión de una creciente frustración en quienes, desde hace generaciones, han convivido con el campo y conocen de primera mano los equilibrios que sostienen la biodiversidad. Para muchos cazadores, su papel no se limita a una afición: lo entienden como una labor de gestión cinegética, de control poblacional de especies y de mantenimiento de un equilibrio natural que, según ellos, se rompería sin su intervención.

Lo paradójico es que gran parte de las restricciones que hoy les afectan nacen en despachos lejanos, diseñadas por legisladores y colectivos urbanos que contemplan la naturaleza desde la distancia —y muchas veces desde una visión idealizada— de quien pasea por un parque, pero desconoce los ritmos de la tierra. De ahí surge una imagen simplificada de la caza como mero acto de violencia, ignorando su dimensión reguladora, su valor social y económico, y su peso cultural en la vida rural.

El conflicto de fondo, por tanto, no es solo cinegético, sino cultural. El campo se siente cada vez más desplazado por un ecologismo de salón, más preocupado por la corrección ideológica que por la gestión real del territorio. Y en esa desconexión creciente entre lo rural y lo urbano se fragua una brecha que amenaza con dejar sin voz a quienes, generación tras generación, han custodiado el paisaje.

Ahora bien, conviene también subrayar que algunas de las recientes movilizaciones no ayudan a mejorar la percepción pública de este colectivo. Antes al contrario, transmiten la imagen de un regreso al pasado. En Lanzarote, la Sociedad de Cazadores parece haber optado por una posición más sensata: defender los intereses de sus socios sin perder de vista que el mundo ha cambiado. El hecho de que esta asociación no se sumara a la protesta demuestra que no todos los cazadores —ni mucho menos la mayoría— comparten las acusaciones vertidas contra el Consejo Insular de Caza, muchas de ellas inexactas o directamente falsas.

En este contexto, conviene restar dramatismo a los gestos políticos. El intento del PSOE lanzaroteño de acusar al Cabildo de Oswaldo Betancort de "ningunear" a los cazadores no pasa de ser un episodio más en la rutina de la política local: una estrategia de desgaste en la que todo vale, aunque se trate de medias verdades o medias mentiras.