Cuando la burocracia encorbatada ahoga la mar

En pleno corazón del Atlántico, donde la tradición pesquera marca el pulso de comunidades enteras, la flota artesanal canaria se enfrenta hoy a un enemigo inesperado: la frialdad burocrática europea. El nuevo Reglamento de Control de la UE, aprobado sin contemplar la realidad de nuestras islas, amenaza con ahogar a quienes han vivido del mar durante generaciones.

Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, lo advirtió: estas normas "desconectan totalmente de la operativa diaria del sector, generan inseguridad jurídica y aumentan el riesgo de accidentes y sanciones arbitrarias". Y no es para menos. Barcos de apenas 12 metros deben avisar con cuatro horas de antelación al puerto, incluso si faenan junto a la costa; pequeñas embarcaciones, con tripulaciones mínimas, se ven obligadas a lidiar con VMS y diarios electrónicos que registran capturas "desde el kilogramo cero".

Detrás de los tecnicismos y formularios hay vidas: familias que dependen de la pesca diaria, jóvenes que contemplan un futuro de papel y pantallas en lugar del salitre y el viento. Normas como estas, diseñadas por funcionarios que probablemente nunca han olido la espuma del Atlántico, no solo complican la labor, sino que desalientan a toda una generación. El riesgo es claro: los lanzaroteños huyen del mar.

El Gobierno de Canarias reclama sentido común: adaptaciones proporcionales para la flota de bajura y el reconocimiento de sistemas locales de geolocalización. Es un pedido sencillo: que la ley respete la vida real, que la burocracia no se imponga sobre la experiencia del mar. Porque si no se hace nada, pronto la costa de Lanzarote podría estar vacía, y con ella, un pedazo irrepetible de nuestra identidad.