EDITORIAL: Una propuesta extemporánea e irresponsable del PSOE

La iniciativa del PSOE de Tinajo de cuestionar la instalación del aerogenerador previsto en el proyecto de modernización del regadío del nordeste de Lanzarote llega en el peor momento posible: cuando la obra no solo está definida, sino prácticamente ejecutada y en su tramo final de finalización.

Se trata de una actuación que no es nueva ni improvisada. Hablamos de un proyecto que lleva cerca de una década de planificación, tramitación y ejecución, impulsado en el marco de una inversión pública de aproximadamente 24 millones de euros, promovida desde el Ministerio de Agricultura a través de la empresa estatal SEIASA y coordinada en el ámbito insular por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. Su objetivo es claro: garantizar agua de regadío a unas 600 personas agricultoras y alrededor de 300 explotaciones agrícolas en el norte de la isla, especialmente en zonas como Tinajo, Teguise y su entorno.

En este contexto, el aerogenerador no es un elemento accesorio ni decorativo, sino una pieza funcional del sistema energético que permite sostener la desalación y la infraestructura hidráulica asociada, reduciendo costes y asegurando autosuficiencia energética mediante renovables.

Conviene recordar además que este proyecto fue defendido en etapas anteriores como una de las inversiones estratégicas más relevantes para el sector primario insular, incluida su presentación institucional durante la etapa de Dolores Corujo al frente del Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, también es preciso señalar que esta actuación ya sufrió en el pasado una paralización y un bloqueo político-administrativo que estuvo a punto de hacer perder una inversión millonaria, al quedar el proyecto "en la gaveta" durante una etapa en la que la gestión insular permitió que se dilatara hasta el límite su continuidad por razones que nunca se explicaron con claridad.

Fue necesaria posteriormente la intervención institucional del actual presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, junto a la colaboración del consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias y la disposición del Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, para recuperar el impulso del proyecto y reencauzar una inversión que corría el riesgo de perderse. Gracias a esa coordinación institucional, la actuación ha podido reactivarse y hoy se encuentra en fase muy avanzada de ejecución, avanzando en tiempo récord hacia su culminación, aunque aún con los plazos marcando de forma exigente el ritmo de las obras.

En este contexto, con una fecha límite de ejecución fijada en torno al 30 de junio y con los fondos comprometidos condicionados al cumplimiento de los plazos, cualquier modificación sustancial no es un ajuste menor: es una decisión con consecuencias directas sobre la viabilidad económica del proyecto.

La propuesta de sustituir el aerogenerador por un sistema basado en placas fotovoltaicas puede formar parte de un debate energético legítimo, pero difícilmente encaja en la realidad temporal y técnica del proyecto. Implicaría la redacción de un nuevo diseño, nuevas evaluaciones, tramitaciones administrativas y, en el mejor de los casos, un retraso de entre uno y dos años. En el peor, la pérdida de la financiación comprometida.

Por eso resulta difícil entender esta iniciativa como algo distinto a una propuesta extemporánea, desconectada del estado real de ejecución de la obra y de sus condicionantes económicos. El debate sobre el impacto paisajístico es legítimo, pero no puede ignorar el grado de avance, la complejidad técnica y la fragilidad financiera del proyecto en este punto concreto.

En este escenario, sería razonable que el PSOE de Canarias y el PSOE de Lanzarote aclararan si comparten o no la posición expresada por su agrupación en Tinajo. Porque más allá del debate local, estamos ante una infraestructura estratégica para el futuro del sector agrícola insular y ante una inversión pública de gran magnitud que no admite improvisaciones de última hora.