EDITORIAL: Viviendas vacías: buenas medidas en un clima de desconfianza

El Gobierno de Canarias ha decidido poner el foco en una de las grandes paradojas de la crisis habitacional: mientras miles de personas tienen dificultades para encontrar vivienda, numerosos inmuebles permanecen vacíos. La puesta en marcha de Vivacan, un programa destinado a incorporarlos al mercado del alquiler asequible, parte de una premisa razonable. Si faltan viviendas, hay que construir más, pero también aprovechar mejor las que ya existen.

La iniciativa incluye medidas concretas: tres años de seguro gratuito frente al impago de la renta para los propietarios, evaluación de la solvencia de los posibles inquilinos, elaboración de contratos e inventarios y asesoramiento jurídico. A través de la web vivacan.es, el servicio gestionado por la empresa pública Visocan ofrecerá atención en las ocho islas, además de orientación y mediación para quienes buscan una vivienda.

No parece una propuesta que deba recibirse con escepticismo por sistema. Al contrario, en una emergencia habitacional de esta magnitud, cualquier medida capaz de aumentar la oferta merece una oportunidad. Muchas viviendas permanecen cerradas por reformas costosas, herencias sin resolver o problemas administrativos, pero también por el temor de sus propietarios a los impagos, los conflictos y los procedimientos judiciales prolongados. Vivacan intenta responder a parte de esas preocupaciones y reconoce una realidad que a menudo se olvida: para que los propietarios alquilen, también necesitan garantías.

Ahora bien, una cosa son las buenas intenciones y otra los resultados. Habrá que comprobar cuántas viviendas consigue incorporar el programa, qué precios se ofrecen y si la gestión es suficientemente ágil. El seguro puede reducir riesgos, pero la iniciativa difícilmente alcanzará todo su potencial si no se recupera la confianza en el mercado del alquiler.

Y ahí reside una de las principales dificultades. Durante demasiado tiempo, el debate sobre la vivienda se ha instalado en la confrontación, presentando en ocasiones al propietario como responsable de la crisis, sin distinguir entre quien comete abusos y quien simplemente alquila una propiedad. Por supuesto que hay que proteger a los inquilinos y perseguir las prácticas abusivas, pero esa protección no exige convertir al arrendador en un adversario. Ambos necesitan seguridad jurídica, reglas claras y mecanismos eficaces para resolver los conflictos. Si alquilar se percibe como una actividad demasiado arriesgada, algunos propietarios optarán por mantener sus viviendas cerradas, reduciendo todavía más la oferta disponible.

En este clima se sitúan también propuestas controvertidas, como la de Coalición Canaria para limitar la compra de viviendas por extranjeros que no acrediten una residencia mínima de diez años en las islas. Es una iniciativa que plantea interrogantes jurídicos y económicos y cuyos efectos deben analizarse con rigor. También sería conveniente conocer con claridad la posición del PSOE. El debate debe centrarse en datos y resultados, sin convertir automáticamente a todos los compradores extranjeros en responsables de una crisis que tiene múltiples causas.

Tampoco contribuye a generar confianza la incertidumbre normativa. Los decretos aprobados por el Gobierno central en el tramo final de la legislatura, cuya aplicación y consecuencias deben evaluarse con detalle, alimentan la preocupación cuando se perciben como cambios apresurados. Proteger a los inquilinos es necesario, pero también hay que considerar cómo afectan las nuevas reglas a quienes ofrecen viviendas en alquiler. Si determinadas medidas terminan disuadiendo a los propietarios, podrían reducir precisamente la oferta que se pretende ampliar.

La solución a corto y medio plazo exige combinar incentivos, rehabilitación, garantías frente a los impagos y procedimientos más ágiles para resolver conflictos y desbloquear viviendas. Pero ninguna de estas actuaciones bastará si la vivienda continúa utilizándose fundamentalmente como arma electoral y cada iniciativa se juzga por quién la propone, en lugar de por su eficacia.

Y, sobre todo, Canarias necesita construir más viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Para ello hacen falta suelo disponible, planeamiento ágil, financiación, colaboración público-privada y seguridad jurídica. No es una solución inmediata, pero sí la respuesta estructural a un desequilibrio entre oferta y demanda que no puede corregirse únicamente movilizando los inmuebles existentes.

Vivacan merece una oportunidad, pero también una evaluación rigurosa. Movilizar viviendas vacías no resolverá por sí solo la emergencia habitacional, aunque renunciar a ellas sería desperdiciar una oportunidad. Para recuperarlas hacen falta incentivos, garantías y confianza; para acabar con la crisis, además, hay que construir las que faltan.