Falta agua y sobra demagogia

La primicia adelantada por Lancelot Digital sobre la intención de Canal Gestión Lanzarote de ceder a las presiones del Cabildo y abandonar el ciclo integral del agua en la isla es, sin duda, una buena noticia para los intereses generales de Lanzarote. Tras años de luces y sombras, su etapa está agotada. La isla necesita un nuevo operador —público o privado— que aporte aire fresco, ilusión y, sobre todo, recursos para invertir en un servicio esencial que hace tiempo naufraga.

Es lógico que Canal Gestión se resistiera inicialmente al expediente de resolución impulsado por los servicios jurídicos del Consorcio Insular del Agua. Nadie quiere marcharse con los bolsillos vacíos. Su estrategia fue la habitual: amenazar con litigios millonarios para presionar al Cabildo y a su presidente, Oswaldo Betancort. Sin embargo, la realidad es que Canal Isabel II —matriz de Canal Gestión— ha cambiado el paso. O bien porque no ve tan claro el éxito de un largo pleito judicial que podría dejarla sin indemnización, o porque ha optado por un mal acuerdo antes que un buen pleito.

Ahora, la empresa ha pedido tiempo en el tiempo de descuento: un plazo adicional para negociar con terceros la "venta" de lo que queda de la concesión hasta 2033. La decisión se someterá a votación en la Asamblea del Consorcio del Agua el próximo lunes 6 de octubre, donde los siete alcaldes y el Cabildo deberán decidir si conceden o no ese margen.

La opción más sensata —y más beneficiosa para Lanzarote— es permitirlo. Si otra empresa especializada está dispuesta a asumir el reto, invertir alrededor de 35 millones de euros en cinco años para modernizar redes y aumentar la producción, y además comprometerse a reducir las pérdidas al 30%, merece que se le tiendan alfombras rojas. Porque el ciclo integral del agua, incluido el saneamiento, con infraestructuras obsoletas y una plantilla costosa, no es ningún caramelo. Canal Gestión, según sus propias cuentas, ha perdido más de 100 millones de euros en 15 años y sigue acumulando pérdidas. Si no hay relevo, el riesgo es que una empresa pública coja una explotación con muchas deficiencias y que al final sea el bolsillos de los lanzaroteños quién costee las pérdidas. 

Frente a esta situación, sorprende —aunque ya no tanto— la postura del PSOE, que, por puro dogmatismo ideológico, parece decidido a torpedear cualquier solución realista. Es probable que sus alcaldes voten en contra de conceder ese margen a Canal Gestión con el viejo argumento de que el ciclo integral del agua debe regresar a una empresa pública, como lo fue Inalsa. Pero no deja de ser paradójico que reivindiquen precisamente a la misma Inalsa que ellos mismos llevaron a concurso de acreedores por ruina y que ni siquiera podía pagar las tasas.

Lo que de verdad debería importar a los responsables públicos no es el color político del gestor, sino su eficacia: como decía Deng Xiaoping, "no importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que cace ratones". Sin embargo, un asunto que debería tratarse con rigor, visión de futuro y consenso, se está convirtiendo en un pim-pam-pum partidista que solo retrasa las soluciones.

Y conviene decirlo sin rodeos: sea pública o privada la empresa que asuma la gestión, habrá que subir la tarifa del agua si queremos que al abrir el grifo salga agua y no aire. No es momento de seguir mareando la perdiz con discursos demagógicos. Es momento de actuar con responsabilidad y dejar de lado la ideología para garantizar algo tan básico como el agua en los hogares de Lanzarote.