La doble vara de medir del PSOE de Corujo

La política española atraviesa una etapa de evidente desgaste institucional y moral. La acumulación de casos de corrupción y sospechas que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado generando un clima irrespirable que deteriora la confianza ciudadana y agrava la crispación política.

En una democracia madura, cuando un Gobierno aparece cercado por el desgaste y la sospecha permanente, lo razonable sería devolver la palabra a los ciudadanos. Sin embargo, Sánchez se resiste a cualquier adelanto electoral, sostenido por unos socios de legislatura que, pese a los gestos y las advertencias, continúan priorizando su supervivencia política.

Especialmente significativo resulta el papel del PNV, instalado en una calculada ambigüedad. Amenaza con marcar distancias, lanza mensajes de preocupación institucional, pero nunca termina de romper. Mucho gesto de incomodidad y poca voluntad real de provocar un cambio político.

Más decepcionante aún resulta el comportamiento de la izquierda alternativa. Aquella que nació prometiendo regeneración democrática y vigilancia ética frente al poder ha terminado instalada en la complacencia. Donde antes exigía dimisiones inmediatas y responsabilidades políticas ejemplares, hoy se limita a lanzar obviedades mientras mira hacia otro lado. Esa pérdida de coherencia explica buena parte de su deterioro electoral y la creciente desafección de muchos de sus votantes. ¿Se imaginan lo que estarían gritando hoy si en lugar de Pedro Sánchez fuera el líder del PP, Núñez Feijóo?

La sensación que se transmite a la ciudadanía es peligrosa: la corrupción importa menos cuando afecta a quienes forman parte del propio bloque ideológico. Y ahí es donde la política empieza a perder autoridad moral y credibilidad pública.

Esa doble vara de medir también tiene reflejo en la política local. En Lanzarote sabemos bien cómo durante años se alentó la condena pública de adversarios políticos antes incluso de que existieran sentencias. El caso de Pedro San Ginés fue utilizado como instrumento de desgaste político constante, agitando sospechas que finalmente han acabado archivadas.

Ahora, cuando las investigaciones afectan a dirigentes próximos ideológicamente, el discurso cambia: se pide prudencia, se cuestionan las actuaciones judiciales y hasta se insinúan persecuciones políticas. La presunción de inocencia parece válida solo cuando afecta a “los nuestros”.

Ese es el verdadero problema: la corrupción y la exigencia ética no pueden depender del color político. Porque cuando la coherencia desaparece, también desaparece la credibilidad de la política. Y cuando los ciudadanos perciben que las reglas no son iguales para todos, lo que se erosiona no es solo un gobierno o un partido, sino la confianza en el propio sistema democrático. Se echa de menos un mensaje autocrítico de Dolores Corujo, la secretaria general del Psoe lanzaroteño, quién tantas veces se rasgó las vestiduras por los “escándalos” políticos de CC mientras gritaba primero el falló y luego el juicio. Y ¿ahora qué?