¿Puede Sánchez seguir al frente del Gobierno?

La condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, no es un episodio aislado. Es la última grieta —quizá la más profunda— en un edificio institucional que, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, acumula fisuras preocupantes. Y la pregunta que hoy muchos ciudadanos se hacen, con razón, es si el presidente mantiene la legitimidad política y moral necesaria para seguir dirigiendo el país.

La inhabilitación del fiscal general, nombrado por el propio Ejecutivo, se suma a un rosario de escándalos que afectan directamente al círculo del presidente: las investigaciones sobre miembros de su entorno familiar, las imputaciones de dos secretarios de organización del PSOE por presuntos casos de corrupción, y una larga estela de sobresaltos que han erosionado gravemente la credibilidad institucional.

A todo ello se añade un hecho insólito en democracia: España está entrando en su tercer año sin presupuestos. Uno solo habría sido suficiente para justificar una convocatoria electoral en cualquier país europeo. Tres años revelan un Gobierno incapaz de ejercer su función básica: dotar al Estado de una hoja de ruta económica propia, aprobada por el Parlamento. Un Ejecutivo que no puede presupuestar no puede gobernar.

Tampoco puede ignorarse el episodio de la amnistía, una medida aprobada bajo presión y utilizada como moneda de cambio para asegurar la continuidad de Sánchez en La Moncloa gracias a los votos de Junts. Una decisión forzada, rechazada por parte de la propia base electoral socialista y que ha fracturado profundamente a la sociedad, no puede presentarse como un ejemplo de estabilidad institucional, sino como un síntoma de debilidad política extrema.

El caso del fiscal general, por tanto, no es una anécdota en el camino. Es una señal de alarma. Una más en una cadena de crisis que, acumuladas, dibujan un panorama difícilmente sostenible. El "manual de resistencia" del presidente podrá estar preparado para soportar turbulencias, pero no para justificar indefinidamente el deterioro de las costuras del Estado democrático.

España no puede permitirse un Gobierno exhausto, sin mayoría sólida, sin presupuestos, rodeado de casos que afectan a su entorno y dependiente de pactos de supervivencia. La estabilidad no se decreta; se construye. Y, a día de hoy, la de Pedro Sánchez está gravemente comprometida.

La cuestión ya no es si la legislatura está agotada. Es si Pedro Sánchez conserva la legitimidad política necesaria para seguir al frente del país. Y cada nuevo episodio —hoy el del fiscal general, mañana quizá otro— acerca más la respuesta a un rotundo no.