Regularizados y sin vivienda

España iniciaba la pasada semana un proceso histórico de regularización de inmigrantes con el objetivo de legalizar a quienes ya están trabajando en el país, pero lo hacen en la economía sumergida, sin tributar ni contribuir a las arcas del Estado. Hasta ahí, todo bien. Se calcula que podrían regularizarse entre 500.000 personas y un millón. El planteamiento del Gobierno se presenta como humanitario y solidario.

Pero no es toda la verdad. Es cierto que quienes se van a regularizar ya estaban aquí; no lo es que no vayan a venir más. Cada una de esas personas tiene derecho al reagrupamiento familiar. Traducido: un porcentaje elevado traerá a su familia para empezar juntos, en otro lugar, una vida mejor.

Suena bien. El problema es que España no tiene dónde meterlos.

Porque aquí, aunque haya trabajo, no hay vivienda. Y no la hay desde hace años. No se construye lo suficiente, no se vende lo suficiente y tampoco se alquila. La Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, lejos de dar seguridad, ha empujado a muchos propietarios a retirar sus casas del mercado: mejor vacías que ocupadas y sin defensa. Porque esa es la realidad, si alguien se mete en tu casa, la OKUPA, el problema es tuyo y de nadie más.

A eso se suma el auge del alquiler vacacional. Resultado: la tormenta perfecta.

A un país donde ya no hay vivienda para los que están, se le añade ahora la llegada de más personas para las que también habrá que encontrar techo. Y esa parte, sencillamente, no está resuelta.

Quizá el Gobierno lo tenga previsto. Quizá no. Pero, de momento, no lo ha explicado. No es el único punto negro, habría que añadir el hecho de que ya estén tensionados los servicios sociales y sanitarios.

Y de las pensiones, mejor ni hablamos.