¿Cabe en Canarias la declaración de municipios tensionados?

Pese a gobernar en el 30% de los municipios en Canarias y siento el promotor de la ley estatal, el PSOE solo ha solicitado la declaración en dos de ellos

La declaración de zonas tensionadas por el precio de la vivienda es uno de los puntos más debatidos sobre la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España, una alternativa solicitada hasta la fecha por tres municipios en Canarias.

El hecho de que aproximadamente el 30 % de los municipios de Canarias estén gobernados por el PSOE, resulta paradójico, toda vez que promueve una normativa estatal que no aplica a nivel local. 

Granadilla de Abona, Mazo y Las Palmas de Gran Canaria son los tres municipios canarios que han iniciado el proceso, recibiendo este último un informe desfavorable por parte del Colegio de Economistas de Las Palmas. 

Dicho informe, elaborado a instancias del Instituto Canario de la Vivienda, explica que “los gastos que están asociados a la vivienda, tanto sea por compra-venta (la hipoteca), como el precio del alquiler, al que se suman los gastos de mantenimiento y suministro, tendrían que superar para que fuera declarada zona tensionada el 30% de la renta media de los hogares”, algo que no se da. 

Así lo ha explica en declaraciones a Lancelot Radio la coordinadora del informe, Rosa Rodríguez, quien añade otro requisito para la declaración que Las Palmas no cumple: “Durante cinco años, entre 2019-2024, el precio de la vivienda en compra-venta o alquiler haya superado en 3 puntos porcentuales el crecimiento del IPC, y eso con los datos oficiales tampoco se da”. 

Respecto a la metodología, Rodríguez explica que en la metodología de trabajo se han analizado tanto los propios portales como los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Vivienda y el Consejo General Notarial. 

De esta forma, aclara que puede existir un diferencial de hasta un 26% entre los precios de salida reflejados en los portales, y los precios finales de cierre de compra o alquiler que ofrecen los organismos oficiales. 

En base a las conclusiones obtenidas, desde el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas recomiendan al ICAVI, “nosotros entendemos que en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria hay mucha vivienda vacía, se tendría que analizar por qué. Habría que ver las viviendas que están en propiedad de organismos oficiales que puedan no estar en el mercado. Porque el problema no es que no haya vivienda, sino que no están en el mercado. Ahí nos podríamos cuestionar si la Ley por el Derecho a la Vivienda de alguna forma está impidiendo que los propietarios, por la inseguridad jurídica que se le genera, no quieran poner en el mercado sus propiedades”. 

Respecto a las críticas suscitadas por este informe, Rodríguez zanja la polémica afirmando que “no voy a entrar en ese debate. Solamente le recomiendo a cualquier persona que tenga interés en conocer los datos oficiales y los datos de los portales que se lea nuestro informe. Hay quien no lee el informe y hace valoraciones gratuitas”.