El Estado aprueba el 'Escudo Social' y los pequeños propietarios lo pagan

Es la denuncia que lanzan desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación, rechazando frontalmente una nueva prórroga del decreto

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha vuelto a mostrar su rechazo frontal a la renovación del decreto conocido como 'Escudo Social', al considerar que, cinco años después de su aprobación inicial, ha dejado de cumplir su función y se ha convertido en una herramienta que consolida la ocupación y la inquiocupación.

Así lo expresó este martes en el programa "Las voces de la mañana" de Lancelot Radio 90.2 FM, Carmelo Sevilla, portavoz de la plataforma y afectado directo, quien defendió que el verdadero escudo social en España "no lo está ejerciendo la Administración, sino los pequeños propietarios, muchos de ellos pensionistas".

Sevilla recordó que el decreto nació en un contexto excepcional, marcado por la pandemia, para proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, considera que mantenerlo de forma indefinida carece hoy de justificación, y es que "la situación es completamente distinta y quienes seguimos pagando las consecuencias somos los pequeños propietarios".

Denunció además que el Gobierno ha trasladado su responsabilidad habitacional a familias trabajadoras y pensionistas con una sola vivienda en alquiler, que no solo dejan de percibir la renta, sino que además asumen el pago de suministros.

"Estamos soportando una carga económica y emocional enorme. Esto no puede ser la política social de un país", lamentó este pensionista, quien puso su propio caso como ejemplo.

La vivienda arrendada era su complemento a la pensión y "llevo seis años sin recibir ni un solo euro de alquiler y pagando los suministros de una familia que consume de forma abundante". Según indicó, en la vivienda llegaron a estar empadronadas siete personas, cinco de ellas en edad laboral, mientras los desahucios han sido paralizados hasta en siete ocasiones por la aplicación del decreto y la moratoria vigente.

Sevilla aportó además datos que, a su juicio, evidencian la dimensión del problema: el 93,4% del parque de vivienda en alquiler en España pertenece a pequeños propietarios, y de ese porcentaje, el 45% son pensionistas.

"Se están interviniendo los recursos de los pensionistas para hacer de escudo social, algo que debería asumir la Administración con políticas públicas y recursos propios", insistió Sevilla.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación insisten en que la prórroga del decreto no soluciona el problema de la vivienda, sino que agrava la inseguridad jurídica, desincentiva el alquiler y deja desprotegidos a miles de pequeños propietarios que llevan años sosteniendo un escudo social que no les corresponde.