“Estamos absolutamente comprometidos con impulsar vivienda en Canarias”

Canarias necesitaría construir entre 32.000 y 40.000 viviendas para ponerse al día 

Las cifras de construcción de vivienda en Canarias son insuficientes en estos momentos para abarcar la demanda existente entre la población. Así lo reconoce la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil, quien sin embargo admite que “se están poniendo en el camino una serie de medidas que son importantísimas”. 

Durante una entrevista en “Las voces de la mañana” de Lancelot Radio, Gil explica que “de lo que se trata es de que los jóvenes, los menos jóvenes, e incluso gente mayor, puedan adquirir una vivienda, en estos momentos se están poniendo los cimientos” gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias en esta materia. 

Sobre el horizonte para que las dificultades para acceder a una vivienda asequible se atenúen, la Presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas reconoce que “ahora mismo necesitaríamos entre 32.000 y 40.000 viviendas para ponernos al día, sin contar lo que la población ha subido, con lo cual no es fácil”. 

Apunta a que “si la administración pública no simplifica, si los ayuntamientos ahora se niegan, si los partidos políticos lo que hacen es hacer política que no es la de solucionar las cosas, es decir, si ahora nos ponemos todos en contra de las medidas que se van a tomar pues en ese destino no nos vamos a encontrar”. 

Gil destaca el papel protagonista de los ayuntamientos a la hora de emitir informes urbanísticos, un trámite burocrático en el que ‘se pierde’ mucho tiempo, mientras muchos municipios alegan falta de recursos para una gestión más ágil. 

En ese sentido, subraya la posibilidad de que esos informes “los hagan Colegios Oficiales de Arquitectos y organismos competentes, o bien empresas que no estén vinculadas al sector y puedan emitir esos informes, si eso no se acepta no se agilizarán las licencias, y tardaremos dos años en poder iniciar una promoción”. 

“Eso no significa que se esté privatizando el certificado” subraya Gil y explica que “luego tiene que pasar por la oficina técnica del ayuntamiento. Solo que el trabajo ya está hecho y lo único que tiene que hacer la oficina técnica es chequear”. 

Añade que “depende de muchas cosas el que esto funcione. De la iniciativa privada desde luego que no. Nosotros estamos absolutamente convencidos y comprometidos con esto, porque entre otras cuestiones el que el mercado se equilibre atempera los precios con carácter general, y también los costes de producción”.

Además, Gil recuerda la oportunidad que supondría la aplicación de la RIC para la promoción de viviendas, un asunto que se encuentra en estos momentos en el Congreso de los Diputados.