Salud Gil: "Pretenden que empresas privadas financien a la administración en obras públicas"

Licitaciones que salen por debajo del coste real, una problemática que ya afecta a infraestructuras esenciales de toda Canarias

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, lamentó este jueves en 'Las voces de la mañana' de Lancelot Radio 90.2 FM que las administraciones públicas sigan licitando obras con presupuestos alejados de la realidad del mercado.

Desde la patronal de la Construcción en Las Palmas aseguran que se trata de una práctica que a quien termina perjudicando es a toda la sociedad. 

"Cada año la administración se supera, pero no en eficacia y eficiencia, sino en dejar obras desiertas, en sacar obras por debajo del precio de mercado", lamentó Gil.

La Presidenta de la patronal de la Construcción en Las Palmas fue especialmente crítica al sostener que algunas administraciones "pretenden que las empresas privadas constructoras especializadas en obra pública financien a la administración pública para hacer obras públicas".

Según explicó, muchos proyectos permanecen años en un cajón sin actualizar sus costes y llegan a licitación con precios que ya no cubren ni los salarios, la gestión de residuos o la prevención de riesgos laborales.

De hecho afirma que desde la AECP "impugnamos obras que ni siquiera contemplan los salarios de convenio".

Gil hizo hincapié en que "no es un problema empresarial, es un problema de la sociedad canaria, porque lo que nosotros hacemos son carreteras, hospitales, centros de mayores, colegios e infraestructuras para todos", en referencia a las más de 300 obras que han quedado desiertas en Canarias en el último año y medio.

Es por ello que el sector de la construcción reclama una gestión más responsable, y es que "lo sensato es que una administración pública licite lo que realmente puede pagar. Lo que no puede hacer es que un arquitecto diga que una obra vale 100 millones y la administración la saque por 80, aludiendo además al daño que recibe el propio sector, que acaba debilitándose tras la adjudicación final de las obras a una empresa pública por un importe superior al que se ofrece a las empresas privadas en la licitación.