Domingo, 14 Diciembre 2025
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La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, se muestra satisfecha por la respuesta ciudadana en esta fase de la tramitación de la futura norma

 

  • Lancelot Digital

 

2.987 alegaciones son las que ha recibido el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en el que lleva meses trabajando el Ejecutivo de Fernando Clavijo. Todas y cada una de ellas, serán estudiadas y por eso desde el Gobierno aseguran que esta participación ciudadana lejos de ser una traba que dificulte el camino es una gran noticia para poder conformar una ley bien estructura.

 

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León,  resalta que “el gran número de aportaciones presentadas muestra el interés que está generando la normativa y estamos muy contentos con la respuesta ciudadana”, tal y como se demostró también en la fase de consulta pública previa, desarrollada entre el 26 de octubre y el 26 de noviembre de 2023, donde se recibieron un total de 5.083 aportaciones.

 

La responsable autonómica señala que “aunque faltan por contabilizar las que se han presentado por registro y a las que se ha dado trámite de audiencia, en un primer análisis de estas alegaciones se evidencia que hay un respaldo generalizado a que es necesario regular fenómenos como el del alquiler vacacional”.

 

Entre las observaciones planteadas destacan las referidas a los porcentajes de reserva del suelo destinado al uso residencial, considerando que el diez por ciento que plantea el anteproyecto es insuficiente.

 

Por otro lado, la consejera aludió a otras alegaciones “que generan preocupación”, como la referida a la posibilidad de destinar viviendas de protección oficial al uso turístico, algo que va en contra de su propia naturaleza.

 

En paralelo a la información pública y al trámite de audiencia, se han mantenido reuniones con los ochenta y ocho ayuntamientos, a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM); con los cabildos insulares y, de manera significativa, con las islas verdes de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como con los colegios profesionales.

 

A partir de este momento, se iniciará el proceso de clasificación y sistematización para dar una respuesta adecuada a las alegaciones recibidas.


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