A juicio un profesor de Teguise acusado de un delito abusos sexuales a una alumna

La Fiscalía pide para él una pena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta

Seis años de cárcel y doce años de inhabilitación absoluta, esa es la pena que pide la Fiscalía para el profesor de Teguise, Wenceslao P. R., acusado de un delito de abusos sexuales contra una estudiante de Primaria, cuyo juicio tendrá lugar el próximo 21 de abril en los juzgados de Arrecife.

Los hechos que se relatan en el escrito de Fiscalía se remontan a octubre del año 2019 y sucedieron en el CEIP Alfonso Spínola, donde Wenceslao P. R, tiene su plaza de maestro. El acusado “aprovechando su condición de profesor de francés, mientras impartía una clase a los alumnos menores de edad de Primaria del centro escolar antes mencionado, movido por su atracción sexual hacia los menores de edad, con ánimo lascivo y con la intención de satisfacer sus más reprobables instintos sexuales, se dirigió hacia una alumna menor de edad y la empezó a tocar la espalda y el muslo, llegando incluso a su mano entre el muslo y las partes íntimas de su alumna menor de edad”, relata el escrito. “A consecuencia de los hechos descritos con anterioridad, la menor de edad ha sufrido una afectación emocional proporcional a los hechos cometidos sobre ella por el acusado”.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para el acusado, en caso de que se demuestre su culpabilidad, además de los seis años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta, la prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por ella a una distancia inferior a 500 metros, durante un período de tiempo de 16 años; la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la menor, durante un período de tiempo de 16 años; así como la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 11 años; así como la libertad vigilada conforme a lo establecido.

Al margen de todo ello, se solicita que “el acusado y subsidiariamente la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberán indemnizar a la madre y representante legal de la menor de edad, en la cantidad de 2.000 euros por los daños morales ocasionados a ésta”.