A los ayuntamientos se les acaba el chollo con el ciclo integral del agua

El Cabildo exigirá que empiecen a aportar fondos de sus presupuestos al Consorcio para modernizar las infraestructuras

Se acabó el gratis total. A partir de 2027, los siete ayuntamientos de Lanzarote deberán aportar al presupuesto ordinario del Consorcio Insular del Agua una cantidad proporcional a su participación en el accionariado. Domingo Cejas mostró su malestar por el hecho de que los consistorios se desentiendan de los problemas que arrastra la red de abastecimiento y saneamiento, cuando en más de 40 años de existencia del Consorcio no han aportado ni un solo euro a su financiación. Durante todo este tiempo, el organismo se ha sostenido con las aportaciones directas del Cabildo y las subvenciones de los gobiernos de Canarias y de España. “Los ayuntamientos hasta ahora no han aportado nada, y tendrán que empezar a hacerlo. Todo se nutre con ingresos del Cabildo o del Gobierno de Canarias y de España”, señala Cejas.

En este sentido, tal y como refleja el documento que están viendo en pantalla, en Fuerteventura los ayuntamientos llevan años contribuyendo al presupuesto de la empresa pública encargada de gestionar el ciclo integral del agua en la isla. “Hay muchos sitios, también aquí en Canarias, donde algunos ayuntamientos gestionan directamente el saneamiento y el abastecimiento de agua. Otros están mancomunados. Es verdad que estar así es muy bueno; el consorcio es lo mejor y lo tenemos aquí y en Fuerteventura. Pero eso lleva consigo que, en la isla hermana, todos los ayuntamientos tengan que aportar lo que se establece una vez aprobado su presupuesto. Si los ayuntamientos no aprueban sus presupuestos, no pueden incluir la cantidad que, a su vez, se aprueba en el consorcio”, afirma.

La realidad es que los ayuntamientos son los responsables legales del abastecimiento de agua y del saneamiento en toda España. Sin embargo, en Lanzarote los consistorios nunca han contribuido a los presupuestos del Consorcio, pese a ser su obligación, dejando en manos del Cabildo y de otras administraciones la financiación necesaria para modernizar unas infraestructuras que acumulan un importante déficit histórico.