Acosta cree que Costas se ha empeñado en tirar el Tres Islas y el Oliva Beach
El secretario general del PSOE majorero cree que Costas Madrid no tiene competencias para anular esas concesiones administrativas que son de Canarias
- Lancelot Digital
La orden ministerial de Transición Ecológica que declara caducada la concesión administrativa de Costa del Hotel Olivia Beach, construido en los años 70 en Corralejo no ha sentado nada bien en gran parte de la sociedad de Fuerteventura y en el propio Ejecutivo canario.
El actual presidente del Gobierno de Canarias indicaba que esa decisión es una invasión clara de competencias del Estatuto de Canarias por parte del Estado, además de considerarla una medida desproporcionada. Y es que ha sido el Gobierno de Canarias en la etapa del socialista Ángel Víctor Torres, quien concedió la autorización para reformar y modernizar esas polémicas instalaciones.
Ayer jueves día 29, el actual vicepresidente del Cabildo y secretario general de los socialistas majoreros, Blas Acosta, mostró en Café de Periodistas su enfado ante ese informe de la Secretaría de Estado dando a entender que hay una fijación de ciertos funcionarios de Madrid contra esos hoteles que pone en peligro a 300 familias trabajadoras. “Esos establecimientos es lo que hoy es Corralejo”.
Acosta, que siempre se ha caracterizado en no callarse ante actuaciones que considera injustas por mucho que vaya contra el discurso oficial de su partido aboga por la necesidad de que el Gobierno de Canarias acuda al Constitucional y denuncie la invasión de competencias del Estado central al Estatuto de Autonomía. “La Comisión Bilateral anunciada por el ministro Torres es la que debe, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, iniciar las acciones que debe hacer. Y la empresa ya ha denunciado a la directora de Costas porque vio los indicios de actividades administrativas ilegales por parte de funcionarios públicos”.
El secretario general del PSOE majorero tiene claro que esos hoteles son legales.
Entiende que el Estado ha aprovechado los nuevos criterios de los deslindes marítimos terrestres para anular la concesión administrativa. “Este hotel es perfectamente legal porque se construye con un plan parcial que existía. Posteriormente, con la revisión de los deslindes y su ampliación, fue quedando dentro del dominio público. La última concesión la de 2003, se entrega al Estado de España la isla de Lobos. Las cosas hay que dimensionarlas en su justa medida”.
El vicepresidente del Cabildo majorero lamentó que la ministra Ribera no advirtiera en su reciente visita a Canarias que su departamento iba a anular la concesión.
