Martes, 07 Abril 2026
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"Es pernicioso para el usuario que pidamos que se nos bajen los precios en consonancia con la carestía y que después encontremos que hay prácticas irregulares y que de las subvenciones, que son un bien para todos, se aprovechen unos pocos", señala su presidente tras conocer la investigación abierta a Air Europa

 

Lancelot Digital
Vídeo: Lancelot Televisión

 

La Asociación de Consumidores de Lanzarote (Aculanza) considera esencial que se intensifiquen los controles para evitar los abusos a consumidores.

 

"A veces tenemos una serie de empleados públicos, a los que pagamos entre todos, a los que no les vemos el rédito, por ejemplo, cuando existe un expediente. ¿Por qué cuando se maltrata a un usuario no se abre un expediente de oficio?, se pregunta su presidente.

 

Fernando Jiménez se manifiesta así tras haberse conocido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando a Air Europa por una presunta "macroestafa" en las subvenciones de las que se benefician los residentes en Canarias para volar a la Península. Según publicaba El Confidencial, la aerolínea "habría inflado de forma sistemática el precio de sus billetes para percibir más ayudas del Ministerio de Fomento e incrementar así sus márgenes comerciales". Un presunto fraude que podría alcanzar los 30 millones de euros.

 

"Es pernicioso para el usuario del servicio público cuando queremos que se nos bajen los precios en consonancia con la carestía, como por ejemplo con la bajada del petróleo, y que después encontremos que hay prácticas irregulares y que de las subvenciones, que son un bien para todos, se aprovechen unos pocos", apunta Jiménez. 

 

Hay que recordar que el pasado año la Confederación Española de Agencias de Viajes denunció a Globalia, propietaria de Air Europa, ante la Audiencia Nacional por un posible fraude en la liquidación de los billetes aéreos con bonificación para residentes en los archipiélagos canario y balear. Precisamente, el Gobierno estatal justificó la obligación de solicitar el documento físico del certificado de residencia en los ayuntamientos para poder ser beneficiario de las ayudas, porque quería evitar fraudes en este sentido. Se propuso un sistema telemático llamado Sara, que han tenido que incorporar las diferentes aerolíneas para estar mejor fiscalizadas.

 


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