Agoney Melián Sosa: “Ser joven y tener una empresa no puede ser un castigo”

El secretario de Comunicación de CEAJE y residente de AJE Canarias habla de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en la actualidad

-¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes empresarios canarios en la actualidad?

-La verdad es que son muchas las dificultades que la juventud empresaria de nuestra tierra se encuentra tanto cuando decide emprender, como cuando tiene una empresa que empieza a consolidarse. La falta de acceso a financiación de calidad, la falta de credibilidad y experiencia, la falta de red de contactos y, sobre todo, que no nos enseñan a ser empresarios en ninguna de las etapas de nuestra vida, en un país donde serlo es vivir pensando que tienes que sortear un campo de minas.

Cómo decía son muchas las dificultades, pero hay una que es necesaria destacar, que es la falta de reconocimiento del colectivo y sus especifidades. Nadie habla de la juventud empresaria en ningún proyecto o programa y no se nos reconoce en ninguna norma. Por ello, desde AJE, estamos trabajando en la creación de una LEY CANARIA DE APOYO A LA JUVENTUD EMPRESARIA, con el objetivo de crear un ecosistema donde ser joven y tener una empresa no sea un castigo y de esta manera podamos animar a más personas a emprender, crear empleo de valor y devolver la esperanza a la juventud de Canarias.

-¿Tiene en cuenta la reforma laboral la realidad de las empresas? ¿Olvidan que la realidad es diversa y no una sola?

-Siempre digo que proponer soluciones sencillas a problemas complejos, es no tener una visión global sobre el mercado laboral. Sin duda, como presidente, creo en la protección de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero dicho esto, el mercado laboral español es muy complejo. Es complejo porque hacemos que nuestras empresas no sean competitivas en el mundo global.

Si hablamos de la reforma laboral, creo que, queriendo quitar la temporalidad mediante esta norma, han intentado solucionar el síntoma y no el problema. La cuestión que debemos abordar es por qué nuestras empresas no crean más empleo indefinido y de calidad, y el motivo es el que he dicho anteriormente, las empresas españolas no pueden ser competitivas. Con una burocracia extrema y una carga económica casi inasumible, es impensable que un peluquero o una entrenadora que abre un gimnasio pueda crear empleo de calidad, y a veces, ni tan siquiera, crear empleo. 

¿Qué fallos reseñaría en ella?

-El fallo principal, desde nuestro punto de vista, es que han legislado igual para las grandes corporaciones que para el pequeño comercio de un pueblo, y seguro que quien me lee entenderá que eso ni es justo, ni soluciona el problema tan grave que tenemos de desempleo, sobre todo entre la población más joven. ¿Quién se arriesgará ahora a dar oportunidades a la juventud teniendo que asumir tanto riesgo?

La cuota de autónomos española, ¿es la más injusta de Europa? 

-Ni la cuota de autónomos es justa, ni la aportación de los trabajadores a las arcas del estado. Fíjese una cosa, para una persona pueda cobrar en un convenio de oficinas y despachos 1.460 euros en un puesto de responsabilidad, el coste total es de 2.600 aproximadamente. ¿Cuántos bocadillos hay que vender para pagar a alguien ese precio y que sea rentable para el bar de un pueblo? Hagan cuentas. No sé si la cuota de autónomos de nuestro país es la más injusta de Europa, pero lo que sí sé es que hace que las personas autónomas, que carecen de protección absoluta, lo tengan cada vez más complicado. Explicado en números es de la siguiente manera, de tu facturación mensual pagas un 25% al estado, esto quiere decir que sobre 1.000 euros pagas 250 euros. Además, tienes que pagar los gastos de tu empresa, producto, luz, que todos sabemos como está, y como guinda, la cuota del autónomo que oscila entre los 170 y los 378 euros mensuales según actividad, factures lo que factures, aunque tu facturación sea 0. Hagan la resta y díganme si no es un disparate la propuesta de subir la cuota de este colectivo que, en muchos casos no llega al mínimo interprofesional, con la que está cayendo.

-Hay quien la acusa de poco realista y de poner muchas trabas a las personas que comienzan a emprender

-Según un estudio de Deloitte, en Canarias hay 104 entidades invirtiendo dinero en planes de emprendimiento. Nada más y nada menos. Pero luego, cuando la gente emprende y empieza a ser empresaria, los machacamos de tal manera que en ocasiones no se aguanta la presión. Los datos están ahí. Invertimos millones en emprendimiento y hemos facilitado la cuota de autónomo durante los dos primeros años.  Cuando se acaba la reducción de cuota, la mayor parte de las personas que han emprendido se dan de baja porque no se pueden mantener. Yo me hago algunas preguntas para que la gente que nos lea pueda reflexionar. ¿Estaremos fallando en hacer que las empresas que comienzan se consoliden? ¿Podríamos hacer algo más para evitar que nueve de cada diez emprendedores fracasen en los tres primeros años?

-¿Es acorde la cuota de autónomos de nuestro país a la realidad empresarial? ¿Cómo debería ser una cuota de autónomos justa?

-Juzguen ustedes mismos, pero yo creo que nadie está pensando en lo verdaderamente importante que es hacer de nuestras empresas referentes para solucionar de verdad los problemas de este mercado laboral. Cabría pensar que lo justo sería una cuota mínima y que los impuestos se calculasen sobre los beneficios.

-Ha hablado usted de proponer una Ley de Apoyo a la Juventud Empresaria, ¿cómo sería?

-En este momento estamos trabajando con las universidades canarias para que le den forma al texto jurídico, pero los puntos más relevantes de la ley serían los siguientes:

1.- Identificar, visibilizar y reconocer la Juventud Empresaria en Canarias y su papel social.

Definir y visibilizar la figura de la Persona Joven Empresaria, por razón de su edad y actividad, reconociendo el valor social que tuvo, tiene y tendrá para Canarias en el pasado, el presente y el futuro económico de nuestra Comunidad.

2.- Apoyar a la Juventud Empresaria como una política económica, no asistencial.

Enfrentar las necesidades y levantar las barreras que frenan a la Juventud Empresaria como una parte necesaria de la política económica general de la Comunidad Autónoma de carácter estructural y permanente y no como una política asistencialista sujeta a la voluntad política.

3.- Establecer una relación especial entre la Juventud Empresaria y los poderes públicos.

Un estatuto particular que reduzca las cargas administrativas que encaran, le reserve una posición especial en los procesos para el acceso a los recursos o contratos públicos y mejore su financiación, también por la vía de la reducción de la presión impositiva autonómica y local.

4.- Establecer un sistema de detección y apoyo de los nuevos modelos de negocio joven.

Mediante la introducción de mecanismos de seguimiento de la actividad económica, participados por los poderes públicos, las universidades públicas y privadas y las organizaciones representativas de la Juventud Empresaria, que adviertan de las transformaciones que experimentarán los modelos de negocio que impulsan las personas jóvenes para ayudar mediante la revisión de los instrumentos de apoyo públicos y público-privados.

5.- Crear un banco de conocimiento y una red de apoyo a la Juventud Empresaria.

Informar, formar y apoyar a la Juventud Empresaria concentrando, sistematizando y canalizando la información, el conocimiento y los instrumentos de capacitación impulsados por todos los agentes que se impliquen en su promoción y defensa.

6.- Hacer a las organizaciones de la Juventud Empresaria parte del diálogo institucional.

Porque las decisiones que se examinan en el marco de los órganos de participación institucional no afectan por igual a una Persona Joven Empresaria que a otra que no lo es. Sus organizaciones representativas por su casuística transversal deben tener la condición de parte necesaria en los mismos.

7.- Levantar las barreras regulatorias que afectan, en especial, a la Juventud Empresaria.

Llevando a cabo una revisión profunda, sistemática e inmediata de nuestras leyes y reglamentos autonómicos que condicionan nuestra actividad económica, especialmente en la actividad agropecuaria, el comercio, el fomento del emprendimiento, los espectáculos públicos, el transporte, la I+D+i, la concertación de servicios sociales y el turismo.

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