Alternativa Ciudadana intenta paralizar la privatización de Inalsa

Presenta una moción en el Cabildo, un recurso de reposición y una impugnación a los pliegos

Lancelot Digital
Foto: Kepa Herrero

Alternativa Ciudadana 25 de mayo, firme en impedir la privatización de Inalsa, ha presentado una moción al pleno del cabildo, un recurso de reposición contra el acuerdo inicial del proceso y una impugnación a los pliegos de condiciones del mismo, al considerar que Inalsa debe seguir siendo gestionada por el Consorcio del Agua de Lanzarote.

El partido entiende que “si el estudio económico y financiero de viabilidad expuesto en los pliegos de condiciones para la privatización de Inalsa evidencia que la empresa estará en plenas condiciones de llevar a cabo una inversión de 15 millones de euros en los cinco primeros años con la gestión de una empresa privada, también lo estará para hacerlo siendo pública”.

Así, Alternativa Ciudadana confía en que pueda establecerse una negociación de pago de la deuda actual de la empresa de aguas “y situar al frente de a gestores preparados para dicha tarea, estrategia que al fin y al cabo será llevada por la empresa que tome las riendas” de Inalsa. “Es decir, el mayor hándicap al que se enfrenta la actual Inalsa es la deuda que mantiene con los acreedores, deuda que puede ser renegociada y saldada por los verdaderos responsables de la misma”, señalan desde el partido.

En lo que se refiere al recurso de reposición, presentado este jueves en el Consorcio de Aguas de Lanzarote, se basa en diferentes aspectos.

En primer lugar, Alternativa Ciudadana considera que se han vulnerado los principios de igualdad de oportunidades y libre concurrencia. “En el proceso de publicación de los pliegos en ningún caso se hizo constar el carácter confidencial de los datos técnicos al adjudicatario ni les observó de los principios de un tratamiento igualitario y no discriminatorio”, principios reflejados en a Ley de Contratos del Sector Público así como en la Ley de 31/2007 sobre procedimientos de de contratación en los sectores del agua, según Alternativa Ciudadana.

Asimismo, consideran que es incompatible con el PIOT, el cual establece que “a medio plazo el Consorcio gestionará directamente las instalaciones de la desalinización”, y con los estatutos del Consorcio, que “establece la obligación previa de determinar el acuerdo de creación de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal”. “Como no consta que el Consorcio del Agua de Lanzarote haya tomado dicho acuerdo y sus estatutos lo dotan para la explotación directa de los servicios, no tiene la capacidad de dar en concesión los mismos”. Añaden.

Asimismo, creen que el Consorcio del Agua solapa competencias del Consejo Insular de Aguas, que es “quien está capacitado de otorgar las concesiones y en los pliegos o documentación anexa no se hace constar dicha autorización al Consorcio de Agua de Lanzarote”.

Otro de los motivos es la duplicidad de concesión. “Si finalmente se adjudica a una nueva empresa la concesión de la gestión del ciclo integral de agua coexistirán dos empresas con el mismo encargo hasta que la Junta de Acreedores de Inalsa acepte o no la nueva concesión.

Alternativa Ciudadana asegura, asimismo, que se carece de un informe previo sobre la necesidad e idoneidad del contrato y la eficiencia en la contratación. “No consta ni en los pliegos ni en la documentación anexa ningún mínimo acuerdo o informe que delimiten la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado”.

Por otro lado, el partido afirma que hay un incumplimiento en la subrogación del personal, pues sólo hay “una relación de puestos de trabajo con antigüedad, salario y dedicación, pero no se especifica qué tipo de convenio, condiciones y tipo de contrato de los trabajadores de la empresa subcontratada Aguas Filtradas. En cuanto a Construcciones Lemes, no se contemplan ninguna de las cuestiones anteriormente citadas”, señalan

Por último, consideran que los pliegos de las cláusulas administrativas particulares pueden ser anticonstitucionales. “Consideramos totalmente demagógica y clientelar la estrategia tomada a la hora de especificar en dichos pliegos que tendrán preferencia los candidatos con residencia en la isla a la hora de incorporarse a los posibles puestos de trabajo que oferte la empresa, además de que supone una vulneración a los derechos fundamentales eludiento el artículo 14 de la Constitución española que establece que todos los españoles son iguales ante la ley”.

Por estos motivos, también se ha presentado este jueves 29 de noviembre, al presidente de la mesa de contratación, una impugnación de los pliegos de condiciones.