Aparecen autos inexistentes durante cuatro años del caso ‘Unión’, que podrían haber vulnerado derechos

Ordenaban registros en domicilios en 2009 y se incorporaron al sumario el pasado mes de abril. La Fiscalía considera que son nulos 

Lancelot Digital

Foto: Archivo Lancelot

La jueza del caso ‘Unión’ incorporó el pasado mes de abril al sumario dos autos que ordenaban registrar los domicilios y oficinas de los imputados Luis Lleó y Fernando Becerra cuatro años después de que se materializaran y después de que las defensas de los afectados exigiera su comunicación, al no figurar en el sumario, según informa Canarias 7.

Las órdenes de entrada pudieron vulnerar derechos, a juicio de la Fiscalía, quien ahora da por nulos estos autos, de los que no tenía conocimiento, a pesar de haberlos requerido en varias ocasiones.

Según informa Canarias 7, ninguno de los autos estaba en el sistema de gestión procesal Atlante, sino redactados en un Word de otro ordenador y sin la firma del juez titular, César Romero Pamparacuatro, ni del secretario judicial. Fue el secretario del juzgado quien dio fe y certificó dichas órdenes y, tras diversas indagaciones, aportó a la juez en abril de este año los autos, fechados el 27 de mayo de 2009.

Así, las defensas de los imputados cree que los registros por parte de la Guardia Civil pudieron hacerse sin una orden que les amparara y, por ello, han recurrido a la Audiencia Provincial esta cuestión, ante las contradicciones encontradas.

En la parte dispositiva, siempre según Canarias 7, se refieren a registros de la casa de la hija de Dimas Martín, que ni es parte en la causa, y contienen domicilios que ni la UCO conocía, ni pidió su entrada y que se registraron sobre la marcha en la operación, por lo que el juez no podía materialmente conocerlos.

Asimismo, las defensas afirman que, mientras los certificados que contienen la parte dispositiva ordenando el registro tienen fecha del 28 de mayo, los autos se dictaron el día 27. Además, señalan que uno de los autos ordenaba el registro en dos domicilios de Luis Lleó, sin que las UCO pidiera al juez permiso para entrar, pues la Guardia Civil desconocía su existencia, por lo que el magistrado tampoco podría haber ordenado su entrada salvo que dichas órdenes se hubieran emitido con posterioridad al 27 de mayo.

Por su parte, aunque la Fiscalía reconoce que pudieron vulnerar derechos, considera que no es el momento procesal oportuno para anular o declarar ilegales dichos registros.