Arranca el juicio de La Bufona
La Fiscalía pide para el promotor y el constructor cuatro años de prisión, mientras que la acusación particular solicita hasta 11 y 15 años de cárcel
Lancelot Digital
Fotos: Jesús Betancort
En el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha arrancado este lunes el juicio contra el promotor y el constructor de la urbanización de La Bufona, Federico Echevarría y Antonio Caro, para quienes la Fiscalía pide cuatro años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad por haber continuado con las obras tras haber sido paralizadas. La vista continuará este martes y también los próximos 23 y 24 de noviembre.
Por su parte, la acusación particular, representada por la familia Murillo, que denunció la usurpación de terrenos en 1999, solicita hasta 11 años de cárcel para Echevarría y 15 para Caro, al considerar que también han incurrido en delitos de falsedad en documento público y estafa. Tanto la Fiscalía como la familia Murillo piden la demolición de las viviendas, aunque ya hay órdenes de derribo parcial de la Apmun para 14 de ellas.
El Ministerio Fiscal considera que construyeron 52 casas donde sólo se podían levantar 24 y que se ocupó una zona de suelo rústico de valor ecológico, superando la superficie del Plan Parcial y la de las viviendas, además de desobedecer las órdenes de paralización realizadas por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun). Al respecto, hay que recordar, además, que el Plan Parcial de La Bufona fue anulado por el Tribunal Supremo en 2008.
En la causa, también estuvieron imputados en su día la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero. Ambos estaban acusados de haber otorgado licencias ilegales y de haber levantado el precinto acordado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), pero finalmente el juez entendió que no habían cometido delito alguno y acabó dictando el sobreseimiento y archivo.
Muchos creen que este asunto se ha politizado, al encontrarse entre los propietarios de las casas el fiscal Miguel Pallares y la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, quienes a pesar de haber venido manifestando que compraron las viviendas de buena fe, se han visto involucrados y perjudicados. De hecho, Pallarés llegó a denunciar a Gonzalo Murillo por injurias y calumnias, siendo éste condenado a pagar 15.000 euros. También 'El Agitador' fue condenado a pagar 3.000 euros por una viñeta en la que hacía referencia al fiscal y a su vivienda en La Bufona.
