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Arrecife abre un expediente contra las instalaciones del campamento de inmigrantes

La Dirección General de la Policía Nacional deberá solicitar licencia para ubicar las casetas y los contenedores del CATE

 

  • Lancelot Digital
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    El Ayuntamiento de Arrecife ha incoado expediente para restablecer la legalidad infringida por la Dirección General de la Policía Nacional al ubicar en la parte trasera de la comisaría de Arrecife unas instalaciones modulares destinadas como centro de atención temprana de inmigrantes, CATE.

     

    Según el expediente resuelve: “Incoar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por la instalación de 20 estructuras desmontables, tres contenedores y un vallado metálico perimetral, actuaciones que se vienen realizando para un CATE, en un solar sito en la calle Escotilla y Timón, trasera de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, con referencia catastral 2250507DS4025S0001HU, propiedad de la Autoridad Portuaria, siendo promotor de dichos actos la Dirección General de la Policía, al carecer de la previa y preceptiva licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a título habilitantes que los legitimen”.

     

    En segundo lugar, ordenar “la inmediata suspensión de las obras, instalaciones y/o actividad que se está realizando, con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución de restablecimiento de la legalidad infringida”.

     

    Y en tercer lugar, “notifica el presente acuerdo al promotor, propietario, responsable de la instalación” en suelo de la Autoridad Portuaria.

     

    La instalación del campamento de inmigrantes en la capital de la isla levantó una fuerte polvareda en los partidos políticos, a excepción del Psoe, al considerar que la actuación era improvisada, que no era la mejor zona de la isla y que no se daba el trato adecuado al inmigrante. Según fuentes del Ayuntamiento, una vez que solicite la regularización de las instalaciones,  se verá si cabe o no el uso asistencial de personas de manera provisional como parece que la resolución incoada por la jurista del Ayuntamiento permite.

     

     

    Al parecer la alcaldesa puede tomar la decisión de suspender la actividad que allí se pueda realizar hasta que no esté correctamente regularizada.

     

     

     

     

     

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