ASCAV denuncia trabas de los ayuntamientos a las viviendas vacacionales
La asociación sostiene que exigir actividad clasificada, además de la declaración responsable, vulnera la Ley de Garantía de Unidad de Mercado
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La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que varios ayuntamientos de Canarias continúan reclamando a los propietarios de viviendas vacacionales la presentación de una comunicación previa de actividad clasificada, un requisito que, según la asociación, contraviene la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
La organización se basa en el informe UM/045/26 VUT CANARIAS de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), elaborado tras una denuncia presentada por ASCAV en julio de 2024. Según la asociación, el organismo considera que exigir este trámite adicional junto a la declaración responsable de inicio de actividad supone una carga administrativa contraria al principio de simplificación recogido en la normativa estatal.
ASCAV sostiene que esta exigencia ha sido uno de los principales obstáculos para los propietarios de viviendas vacacionales desde la entrada en vigor de la nueva regulación autonómica. La asociación considera que la situación genera inseguridad jurídica y reclama a las administraciones locales que tengan en cuenta las conclusiones del informe de la CNMC.
La organización recuerda además que la reforma de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, incluida en la recientemente aprobada Ley de Agilización de Licencias Urbanísticas, contempla un plazo de un año para que los propietarios soliciten la actividad clasificada. ASCAV señala que esta modificación todavía está pendiente de publicación.
La asociación también apunta al anuncio realizado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la elaboración de un decreto ley que comenzaría a negociarse en septiembre y que abordaría, entre otras cuestiones, la exigencia de actividad clasificada.
ASCAV defiende que los propietarios que cuentan con una declaración responsable de inicio de actividad de vivienda vacacional disponen de un título habilitante y, por tanto, considera que no deberían ser considerados ilegales por no haber presentado la comunicación de actividad clasificada.
La organización cuestiona asimismo los resultados de la actual regulación de las viviendas vacacionales y asegura que desde su aprobación han desaparecido unas 10.000 viviendas de los portales de comercialización, sin que, a su juicio, se haya producido un aumento equivalente de la oferta residencial ni una reducción de los precios del alquiler.
