ASCAV desmiente a Turismo y niega que la justicia avalara la consulta pública sobre vivienda vacacional

La asociación sostiene que la sentencia del TSJC no valida el proceso de consulta pública ni descarta irregularidades

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para negar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya avalado la consulta pública vinculada a la Ley de Vivienda Vacacional. La entidad afirma que la resolución judicial no entra a valorar ni la corrección del procedimiento ni la existencia o no de irregularidades, y acusa al departamento autonómico de trasladar una interpretación interesada del fallo.

Según explica ASCAV, el origen del procedimiento se remonta a diciembre de 2023, cuando la asociación solicitó a la Consejería acceso a los datos recabados durante el trámite de consulta pública de la futura norma, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. La petición fue rechazada mediante una resolución dictada el 15 de diciembre de ese año, lo que llevó a la organización a acudir a los tribunales para reclamar una información que, sostiene, le correspondía por derecho.

En su relato de los hechos, ASCAV subraya que, una vez iniciado el proceso judicial, fue la propia Consejería de Turismo la que aportó de forma voluntaria los datos reclamados, sin esperar a que se dictara sentencia. Por ello, asegura que el fallo del TSJC no estima ni desestima sus pretensiones, sino que declara lo que en términos jurídicos se conoce como una carencia sobrevenida del objeto, al haberse satisfecho durante el procedimiento la reclamación planteada por la parte demandante.

La asociación sostiene, por tanto, que consiguió en sede judicial el acceso a unas opiniones y datos de la consulta pública que le habían sido negados previamente por la vía administrativa. A su juicio, eso demuestra que el objeto del litigio era exclusivamente obtener esa documentación, y no que los jueces se pronunciaran sobre la legalidad, regularidad o validez material del desarrollo de la consulta pública.

ASCAV considera “rotundamente incierto” que pueda afirmarse, como ha hecho la Consejería, que el Tribunal de Justicia de Canarias haya avalado el proceso de consulta pública, descartado irregularidades en su tramitación o respaldado la ley canaria de vivienda vacacional. Insiste en que la sentencia no se pronuncia sobre ninguna de esas cuestiones y que las referencias recogidas en el texto judicial responden, según mantiene, a las alegaciones formuladas por la defensa de la Administración, no a una validación expresa por parte del tribunal.

En este contexto, la organización lamenta lo que califica como un uso torticero de la resolución judicial y reprocha a la Consejería de Turismo haber difundido informaciones que, en su opinión, se apartan con claridad del contenido literal de la sentencia. Con este pronunciamiento, ASCAV refuerza su rechazo a la interpretación oficial del fallo y mantiene abierto el pulso con el Ejecutivo canario en torno a la regulación de la vivienda vacacional en el archipiélago.