Ascav plantea una ecotasa y una moratoria "temporal" para afrontar el problema de la vivienda
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional propone una alternativa integral al texto elaborado por el Ejecutivo
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha presentado este lunes sus alegaciones al borrador del anteproyecto de ley del Gobierno de Canarias en materia del uso turístico sostenible de las viviendas vacacionales. Un total de 14 iniciativas, con el objetivo principal de regular y ordenar la actividad "desde el punto de vista de la sostenibilidad y con carácter inclusivo". Así lo ha adelantado el abogado de la entidad, Javier Valentín, en rueda de prensa, en la que también ha asegurado que apoyan las dos propuestas estrellas que defendieron los ecologistas y colectivos sociales el pasado 20A: la ecotasa y la moratoria turística, tal y como publica Tiempo de Canarias.
Y es que, en palabras de la presidenta de la asociación, Doris Borrego, el sector demuestra su rechazo "de forma frontal" al anteproyecto elaborado por el Gobierno porque "no hay necesidad de pasar la apisonadora". En este sentido, la portavoz de Ascav ha afirmado que el texto de la Consejería de Turismo del Ejecutivo regional busca "eliminar las viviendas que están en el mercado” y “excluir a las familias canarias de la actividad turística”, algo que critica al considerar que “el turismo es patrimonio de los canarios y no solo de unos pocos empresarios”. Borrego ha defendido que esta normativa que proponen "no se ha hecho desde la irresponsabilidad, todo lo contrario", así como ha afirmado que incluirá "medidas incluso más duras de las previstas en el propio anteproyecto de ley".
Una de las primeras propuestas que incluye este documento de Ascav es la "moratoria temporal" por una vigencia de un año, lo que según ha explicado Doris Borrego significa que "no se podrán dar más de alta viviendas vacacionales en los municipios donde exista más del 10 % de viviendas vacacionales sobre el parque total de viviendas, es decir, el 10 % sobre el 90 % residencial". Un porcentaje que la entidad quiere incrementar hasta el 20 % en las islas verdes, "salvo que el ayuntamiento o bien el Cabildo insular dé razones y justifiquen que es admisible otro porcentaje".
Una vez finalizado ese periodo de 12 meses, ha aclarado Borrego, "si los ayuntamientos no han ordenado ni han regulado las viviendas vacacionales en sus municipios, quedará sin efecto esa moratoria". Por otro lado, la entidad apuesta por la implantación de una “ecotasa” o “tasa de solidaridad turística” que se destine “a distribuir y solventar el problema de la vivienda”.
En este sentido, piden que la recaudación vaya a parar a la construcción de vivienda de protección oficial. Asimismo, aseguran que lucharán contra "la oferta ilegal de casetas de campaña en azoteas o viviendas no registradas en el Gobierno de Canarias", que "tan mala imagen no está dando al sector turístico" de las Islas "y que nada tienen que ver con las viviendas vacacionales legalmente inscritas", ha añadido Doris Borrego.
En la misma línea, Ascav ha solicitado al Ejecutivo autonómico que "requiera a las páginas webs para que den de baja a aquellas viviendas vacacionales que no tengan el registro turístico que viene a documentar la legalidad de las viviendas"; así como que estudien si cumplen "unas medidas de sostenibilidad", que sean "realizables y no como las irrealizables que constan en el anteproyecto", como puede ser "renovar los electrodomésticos que sean de clase A, emplear luminarias de bajo consumo, tener la clasificación de residuos domésticos y cualquier otra que demande de la Directiva Europea de eficiencia energética de edificios".
Doris Borrego también ha incidido en que dichas viviendas vacacionales deben cumplir con la "obligatoriedad de disponer de pólizas de seguro o responsabilidad para proteger a los consumidores y usuarios, asumiendo cuantas responsabilidades emanen de la actividad". La asociación, a su vez, solicita la caducidad de las declaraciones responsables para aquellas viviendas vacacionales que presentaron el alta, "pero que realmente no se están dedicando a la vivienda vacacional", ha señalado su presidenta.
Una medida de "vital importancia", en palabras de Borrego, porque "ha habido un auténtico efecto llamada gracias al anuncio del Gobierno de Canarias desde septiembre del año pasado" con el anuncio de esta ley lo que, a su juicio, ha "desvirtuado totalmente" el "protagonismo del planeamiento municipal". Por ende, ha opinado que es oportuno que "sean los ayuntamientos los que ordenen, en su respectivo municipio, conforme a los criterios de zonificación, densidades máximas, etcétera".
Ascav también plantea que "la tasa solidaria" sirva para crear un incentivo con el que el Gobierno canario garantice que las viviendas vacacionales que salgan del mercado turístico regresen al mercado residencial, con el fin de "garantizar la renta de los propietarios en caso de impago por el inquilino, eso sí, siempre a precio de mercado". En este sentido, Dolores Borrego ha afirmado que las Islas padecen "un gravísimo problema de inseguridad jurídica con la nueva Ley de Vivienda", lo que está provocando que "gran parte de los propietarios de viviendas prefieren tenerlas vacías que ponerlas en el mercado por miedo al pago o por el interminable procedimiento judicial con esta medida".
Por ello, Ascav ha exigido al Ejecutivo regional una "garantía de cobro" por su papel como garante de pago, aunque ha aclarado que "deben ajustarse las rentas acorde al mercado, porque ya se intentó una vez algo similar a precio metro cuadrado absurdo que nadie se acogió a esa medida". "Ustedes recordarán que el Gobierno de Canarias puso 8 millones de euros para incentivar y garantizar los alquileres y el resultado fue que sólo una vivienda se acogió a la medida porque el precio no era acorde al mercado", ha declarado Borrego.
Una medida "valiente", según la ha calificado la preidenta de la Asociación de la Vivienda Vacacional en el Archipiélago, que para que salga adelante "se necesita que el Gobierno de Canarias asuma su responsabilidad y de un paso al frente para liderar el cambio de sistema en la comunidad autónoma, porque tenemos cinco veces más viviendas vacías que la que realmente necesitamos", ha incidido Doris Borrego.
Así, ha exigido que el Ejecutivo autonómico "incentive que los titulares pongan las viviendas vacacionales en el mercado del alquiler de larga duración con medidas que realmente funcionen". Asimismo, Borrego ha aprovechado para denunciar que "gran parte de las viviendas vacacionales dadas de alta son apartamentos o bungalows que sus propietarios sacaron de la explotación turística por las rentas irrisoria que el explotador turístico les abonaba", por lo que esta medida se presenta como una "buena solución para controlar la actividad", ha vuelto a defender.
Finalmente, desde Ascav han requerido que el Ejecutivo autonómico "haga sus deberes en materia de vivienda de protección oficial", proponiendo que si un edificio completos o complejos de más de 10 viviendas vacacionales son de un mismo propietario, éste tenga que poner la misma cifra de viviendas particulares de alquiler de larga duración "si quiere seguir con la consolidación de sus viviendas vacacionales ya existentes".
Un proyecto que la asociación lleva reclamando seis años, según recordó Borrego durante la rueda de prensa, al señalar también que el Archipiélago es "la única comunidad autónoma donde no se diferencian las viviendas vacacionales de las particulares". De esta manera, la entidad ha establecido su línea roja en consolidar las viviendas vacacionales existentes, ya que si no se ha llegado al cupo del 10%, "¿qué necesidad hay de excluirlas y generar desempleo y precariedad en Canarias?", se ha preguntado.
Y es que el sector de la vivienda vacacional, ha ahondado, crea 48.000 empleos y tiene un impacto económico de 2.700 millones de euros "solo en alojamiento directo" más casi 90 millones por IGIC, por lo que ha vaticinado en que si el Gobierno de Canarias establece medidas que lo ahuyenten del mercado "habrá avalancha de demandas y de indemnizaciones que ciframos en 800 millones que pagarán todos los canarios".
Por otro lado, entre otras cuestiones, el documento de la asociación también recoge la protección de espacios naturales ante la creciente presión humana sobre los mismos también está contemplada. Para finalizar la rueda de prensa, el abogado de la Asociación del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, ha apelado a los ayuntamientos a ordenar acorde a criterios de zonificación o densidad máxima, pues se ha llegado a esta situación "porque no han hecho su tarea" y ha tendido la mano al Gobierno de Canarias para llegar a una solución válida para ambas partes.
