Ascav propone una ecotasa turística para financiar viviendas de promoción pública
De esta manera se darían garantías a los propietarios de viviendas residenciales
La Asociación canaria de viviendas vacacionales ha tildado de apisonadora la nueva Ley del Gobierno de Canarias, por lo que hacía ayer público que realizará una enmienda a la totalidad de la norma.
Javier Valentín, vicepresidente de la Ascav, señala que “desde la Ascav hemos presentado una enmienda a la totalidad frente al anteproyecto que está manejando el Gobierno de Canarias porque entendemos que lo que proponen es una auténtica apisonadora”.
Desde la Ascav se cree que hay informes que confirma que esta ley podría ser tumbada por anticonstitucional. “Existe un informe de una catedrática que establece que este anteproyecto vulnera la autonomía local, amén de otras irregularidades”.
Entre las 14 propuestas presentadas por Ascav al Gobierno de canarias se pide que sea el Ejecutivo canario el que financie al propietario de la vivienda residencial en caso de que el inquilino no pague su alquiler. “Esta propuesta generaría seguridad para quienes tienen viviendas vacías y viviendas vacacionales, siempre que el Gobierno de Canarias responda. Hay una absoluta falta de seguridad jurídica en estos momentos, y muchos propietarios prefieren tener sus viviendas cerradas a ponerlas en el mercado de alquiler vacacional”.
Para abordar esta propuesta, Ascav valora positivamente la implantación de una tasa turística a todo el sector. “El dinero que se recaudaría se dedicaría a paliar el problema de la vivienda, bien para la construcción de vivienda de protección oficial o para que el Gobierno de Canarias garantice las rentas a las familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler de su vivienda residencial y también para el cuidado de los espacios naturales protegidos de Canarias y de su medio ambiente. Estimamos que se pueden recaudar entre 48 y 200 millones de euros todos los años”.
Los representantes de los propietarios de viviendas vacacionales no ven con malos ojos una moratoria al vacacional. Eso sí, con algunas condiciones. “Tiene que ser un punto y seguido. Queremos que se establezca un plazo prudencial de un año durante el que no se permita el alta de más viviendas vacacionales hasta que los ayuntamientos establezcan en su normativa donde se admiten o donde son aceptable más viviendas vacacionales en se municipio en concreto”, señala, apuntando que se puede crecer en vivienda vacacional hasta ese diez por ciento marcado en los municipios, pero deben ser los ayuntamientos los que establezcan en que zonas.
Este jueves 9 de mayo finaliza el plazo de alegaciones a la ley y Ascav todavía intenta convencer al Gobierno canario de que dé marcha atrás para evitar la muerte de un sector que genera unos 98 mil puestos de trabajo y una riqueza anual de 2 mil 700 millones de euros al año.
