Ascav reclama a los registradores de la propiedad que devuelvan el dinero del vacacional
El colectivo calcula que unos 400.000 propietarios pagaron tasas por un registro que el Supremo ha declarado ilegal y estudia reclamar además indemnizaciones por pérdidas de reservas
- Lancelot Digital
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha reclamado formalmente al Colegio de Registradores de España y a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública la devolución de los aranceles cobrados a miles de propietarios por el denominado registro único de arrendamientos, después de que el Tribunal Supremo haya declarado ilegal esta obligación.
Según explica la asociación, la sentencia anula el Real Decreto 1312/2024 en lo relativo a la exigencia del número de registro único de arrendamientos, un trámite que obligó a propietarios de viviendas vacacionales y otros alquileres de corta duración a solicitar dicho registro ante los registradores de la propiedad y abonar las correspondientes tasas.
ASCAV sostiene que el Alto Tribunal considera que el Estado carece de competencias para imponer este registro, al tratarse de una materia atribuida a las comunidades autónomas. Además, añade que la resolución judicial entiende que el sistema vulneraba la normativa europea al generar una duplicidad de registros.
Ante esta situación, la asociación canaria ha presentado un escrito oficial dirigido tanto al Colegio de Registradores como al organismo dependiente del Ministerio de Justicia del que dependen estos profesionales, reclamando que se adopten las medidas necesarias para devolver las cantidades abonadas por los afectados.
La organización calcula que en toda España se concedieron alrededor de 400.000 números de registro, por lo que la cuantía total a reintegrar podría rondar los 22 millones de euros, sumando tanto los aranceles del registro como los importes vinculados al modelo informativo anual.
Asimismo, ASCAV ha anunciado que estudia emprender acciones judiciales de responsabilidad patrimonial contra el Estado por los perjuicios ocasionados a aquellos propietarios que, según denuncian, fueron excluidos de plataformas de comercialización al carecer del citado número de registro. La asociación considera que esta situación provocó pérdidas económicas derivadas de la cancelación o ausencia de reservas.
