Martes, 29 Septiembre 2026
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El Cabildo refuerza los controles para impedir que personas inhabilitadas puedan obtener o renovar licencias de caza


El Cabildo refuerza los controles para impedir que personas inhabilitadas puedan obtener o renovar licencias de caza

  • Lancelot Digital

 


El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado un paso para endurecer los mecanismos frente al maltrato animal. El pleno aprobó este martes una moción que busca evitar que personas legalmente inhabilitadas puedan acceder a una licencia de caza mientras permanezca vigente esa prohibición.

La propuesta, defendida por el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, contempla reforzar los controles tanto en la concesión como en la renovación de estas autorizaciones y promover cambios legislativos para que las condenas firmes por maltrato animal tengan consecuencias expresas sobre las licencias de caza.

Entre las principales medidas figura la creación de una mesa de trabajo en la que participarán asociaciones animalistas y de caza, los departamentos insulares de Caza y Bienestar Animal, el SEPRONA y los grupos políticos del Cabildo. El objetivo será consensuar una iniciativa legislativa que posteriormente se trasladará al Gobierno de Canarias.

Además, durante la tramitación de las licencias se comprobará si el solicitante cuenta con alguna inhabilitación penal o administrativa firme que le impida legalmente ejercer la actividad cinegética. En esos casos, la autorización será denegada conforme a la Ley de Caza de Canarias.

El Cabildo también pedirá al Ejecutivo autonómico que estudie los cambios legales necesarios para que las personas condenadas mediante sentencia firme por delitos de maltrato animal puedan quedar expresamente inhabilitadas para obtener o renovar estas licencias durante el periodo establecido legalmente.

La propuesta presta especial atención a las sentencias que incluyan la inhabilitación para la tenencia de animales o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

El acuerdo será trasladado al Gobierno y al Parlamento de Canarias, así como al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados, para estudiar posibles modificaciones dentro de sus respectivas competencias.


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