Ataque a la joya de la Corona del Cabildo

PSOE y NC sitúan el caso de la residencia de mayores Amavir en Tías, el futuro del Hospital Insular y la gestión de Adislan en el centro de su estrategia para desgastar un área convertida en referencia regional

El área de Servicios Sociales del Cabildo de Lanzarote se ha consolidado en esta legislatura como uno de los pilares de la acción pública insular. Bajo la presidencia de Oswaldo Betancort y con Marci Acuña al frente de Bienestar Social e Inclusión, la Corporación ha impulsado un cambio de modelo que ha situado a la isla en el mapa regional de la dependencia, la inclusión y la atención a mayores.

Ese protagonismo ha convertido también al área en objetivo político. PSOE y Nueva Canarias han intensificado su estrategia de desgaste utilizando episodios concretos para cuestionar un departamento que, por inversión, planificación y resultados, se ha convertido en uno de los principales activos del actual grupo de gobierno.

La “Isla de los Cuidados”, con respaldo presupuestario

El modelo impulsado por el Cabildo no es solo un concepto político, sino una estrategia sostenida por cifras. El presupuesto insular para 2026 asciende a casi 290 millones de euros, con un peso creciente de las políticas sociales como eje de transformación económica y social de la isla.

En paralelo, se han movilizado 36,6 millones de euros en infraestructuras sociosanitarias, el mayor esfuerzo inversor en décadas.

El proyecto más destacado es la residencia de mayores de Tahíche, con más de 16 millones de euros de inversión y un plazo de ejecución de 24 meses. El centro contará con 125 plazas, 75 residenciales y 50 de centro de día, y un modelo basado en unidades convivenciales, con un 65 por ciento de habitaciones individuales y servicios especializados.

Dependencia: reducción de espera y nuevo convenio

Uno de los avances más relevantes de la legislatura se ha producido en la gestión de la dependencia. La lista de espera para la valoración se ha reducido de forma notable, pasando de cerca de 900 días a unos 450 días.

Este recorte, que reduce prácticamente a la mitad los tiempos de espera, se ha logrado mediante el refuerzo del personal técnico, la reorganización del servicio y la agilización administrativa.

Además, en discapacidad la lista de espera se ha eliminado prácticamente, permitiendo resoluciones en plazos mucho más cortos.

A ello se suma el nuevo convenio de dependencia con el Gobierno de Canarias, considerado un hito histórico, que garantiza una mayor financiación para Lanzarote y La Graciosa y permite consolidar el sistema sociosanitario.

Cruz Blanca en Altavista: inversión y transformación urbana

El centro sociosanitario de Cruz Blanca en Altavista se ha convertido en otro de los proyectos emblemáticos de la legislatura. Tras más de una década paralizado, el Cabildo ha desbloqueado una actuación que cuenta con una inversión cercana a los 10 millones de euros.

El proyecto permitirá transformar un edificio inacabado en un recurso sociosanitario moderno destinado a la atención de personas mayores y dependientes, ampliando la red de plazas de la isla.

Además, la intervención incluye la adecuación y urbanización del entorno, mejorando accesos y servicios en la zona de Altavista, e integrando el centro en un complejo más amplio junto al futuro centro integral de Cáritas.

La importancia de esta actuación radica en que aumenta plazas sociosanitarias, refuerza la atención a colectivos vulnerables, recupera un espacio degradado y genera un modelo de coordinación entre lo público y el Tercer Sector. 

Amavir: del problema puntual al desgaste político

El episodio de la residencia de Amavir en Tías, con la filtración de un video a la prensa grabado por algunos trabajadores en el que se vejaba a algunos usuarios y se veía suciedad y falta de cuidados, ha sido el principal foco de confrontación. Las denuncias iniciales aprovechadas por la secretaria general del PSOE de Lanzarote, Dolores Corujo, para celebrar una rueda de prensa, generaron alarma, aunque posteriormente trabajadores y empresa rechazaron la existencia de malos tratos generalizados.

Y desde el Cabildo se ha mantenido una línea clara: se reconoce que puede haber situaciones concretas a corregir, se insiste en que no existe un fallo estructural del sistema y se defiende que la actuación coordinada con la empresa ha sido rápida, transparente y ajustada. Se despidió a los trabajadores que grabaron las imágenes en el interior del centro, se ha traído personal de la Península y se ha solventado el momento puntual de falta de limpieza en el centro.

Oswaldo Betancort, defiende que “hemos actuado con responsabilidad, rigor y transparencia ante una situación puntual” y Marci Acuña añade que “no vamos a permitir que se utilice a nuestros mayores como arma política”.

Adislan: un nuevo frente en la confrontación

La polémica se ha ampliado de último con las denuncias realizadas por Nueva Canarias, a través de la diputada Natalia Santana en sede parlamentaria, sobre supuestas deficiencias sanitarias y laborales en el centro Adislan, lo que ha provocado una rápida reacción tanto de la entidad como del propio Cabildo. 

Adislan ha rechazado de forma contundente las acusaciones y ha exigido una rectificación pública, defendiendo la profesionalidad de su equipo y la calidad del servicio que presta a personas con discapacidad en la isla. 

La Junta Directiva de Adislan ha solicitado una reunión con el secretario general del partido, Luis Campos, para pedirle una rectificación que de no llegar podría acabar en los tribunales, porque las manifestaciones de la diputada majorera, hablando de “plagas de chinches, de ratas, de mala calidad asistencial y de despido improcedente de una trabajadora por tratarse de un enlace sindical”, suponen un golpe fuerte a la línea de flotación y a la imagen de una entidad como Adislan, con más de 50 años de gestión en la discapacidad intelectual, con 250 trabajadores, con una junta directiva formada por familiares de pacientes y con un prestigio reconocido fuera de nuestra fronteras.

Por su parte, desde el Cabildo se ha salido en defensa del centro, subrayando su trayectoria y advirtiendo del riesgo de generar alarma social en un ámbito especialmente sensible.

En Lanzarote, hay dirigentes de Nueva Canarias que no dan crédito a esta denuncia de su compañera de Fuerteventura. Incluso critican que se haya utilizado el Parlamento para desprestigiar a entidades sociales, sin base y aprovechando otro video sobre una plaga de chinches que sufrió uno de sus hogares funcionales en Arrecife, pero hace un año, y tras lo cual se aplicaron los protocolos oportunos y se solventó el problema sin más incidencias.

Este nuevo episodio refuerza la percepción en el grupo de gobierno de que existe una estrategia de presión sostenida sobre el sistema sociosanitario insular.

El Hospital Insular y el relato del deterioro

El traslado de usuarios del Hospital Insular fue el primer eje de ataque. Mientras la oposición habla de abandono, el Cabildo sostiene que se trata de una reorganización de los usuarios al denominado “Hospitalito”, frente al Hospital Molina Orosa, respaldada por informes técnicos que advierten de una situación grave de la estructura del edificio y de falta de adecuación de establecimiento y por deficiencias tanto desde el punto de vista eléctrico como en materia de incendios. Informe que además datan de 2019 y que en 2023 el entonces gerente del Área de Salud en Lanzarote, el socialista José Luis Aparicio, hizo público advirtiendo de la necesidad de tomar medidas urgentes.

El presidente del Cabildo, Oswasldo Betancort asegura que “no se está desmantelando nada”, mientras que Marci Acuña insiste en que “las decisiones responden a criterios técnicos”. De hecho, ante las denuncias de la Oposición sobre un hipotético desmantelamiento del servicio de geriatría, Coalición Canaria aprobó en el pleno del Cabildo una moción solicitando al Gobierno de Canarias el mantenimiento del Hospital Insular cono centro geriátrico siempre en función del Plan Director de Sanidad previsto para los próximos años.

El trasfondo es claramente electoral. Servicios Sociales se ha convertido en uno de los principales activos del actual gobierno.

De las manifestaciones ante el Cabildo a la paz social 

En esta Legislatura se ha pasado de tener a las ONGs manifestándose a las puertas del Cabildo que presidía la socialista Dolores Corujo, por el impago de nóminas y por los intentos de privatización de los servicios sociales, a una paz social basada en la colaboración entre colectivos sociales, asociaciones del Tercer Sector y apoyo económico a la Dependencia.

El nuevo modelo de concierto social impulsado por el Cabildo de Lanzarote, bajo la presidencia de Oswaldo Betancort, ha consolidado una red estable de colaboración con entidades del Tercer Sector como Adislan, AFA Lanzarote, Afacoda, Cáritas o Flora Acoge, entre otras. Implantado de forma progresiva desde 2023 y consolidado en 2024, este sistema ha sustituido las subvenciones anuales por financiación garantizada y plurianual. Con una inversión que supera los 20 millones de euros, el modelo ha permitido asegurar la continuidad de los servicios, reforzar la atención a los colectivos más vulnerables y avanzar hacia una mayor estabilidad en el ámbito sociosanitario insular.