'Batalla' contra las antenas de telefonía en San Bartolomé y Güime

Los vecinos afectados consideran que se están incumpliendo las normas mínimas de distancia y de seguridad sanitaria

Los vecinos del casco urbano de San Bartolomé y de Güime no aguantan más. Acaban de iniciar una campaña de recogida de firmas para que se retiren las antenas de telefonía que han implantado en sus localidades. Los afectados consideran que se incumplen las normas mínimas de distancia y de seguridad sanitaria.

Eusebio Ramos, uno de los vecinos afectados, señala que “estamos intentando renunciar que, por lo menos nos las desinstalen porque aquí hay personas enfermas, hay personas mayores, hay colegios, hay centros de salud, hay un centro de mayores tres colegios a menos de 500 metros de donde se van a instalar, creo que por la salud de todos no corresponde ponerlas ahí”.

Lo mismo ocurre en Güime donde miembros de la comunidad de vecino de este tranquilo paraje han solicitado también que se retire la antena. Ginés Gutiérrez, también afectado, explica que se han movilizado y el propio Ayuntamiento se ha implicado. “Las últimas noticias que tenemos es que ha sido denegada la petición de proyecto, que el informe es negativo, lo que nos han dicho que están pendientes del Ministerio, cuando es negativo, el Ministerio es el que decide finalmente”, señala, apuntando que se sienten optimistas.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé recuerdan que la normativa relacionada con la instalación de antenas de telefonía es de rango nacional y que, aún así, harán todo lo posible para retirar todas aquellas que estén instaladas de forma irregular.

De esta manera, Marlene Romero, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé, explica la situación. “Tenemos una nueva instalación de una antena de telefonía móvil en San Bartolomé, tuvimos recientemente este debate en una casa particular en Güime y yo insisto, las antenas de telefonía no se regulan a nivel municipal, sino que vienen derivadas de la Ley nacional de Telecomunicaciones. No es que no tengamos herramientas para hacer cumplir la Ley, la tenemos”, explica indicando que, como ya se hizo en el caso de Güime, se ha solicitado la documentación preceptiva. “Como no tiene licencia hemos abierto expediente de restablecimiento, sin toda la documentación no se le puede dar suministro. Eso no significa que no se vayan a quedar porque si presentan toda la documentación exigida por la ley no se podrán eliminar. Pero a día de hoy, insisto, no lo tienen”.

Partidos como Coalición Canaria critican la falta de acción del ayuntamiento y piden que se haga caso a los vecinos.

Proponen que sea el Ayuntamiento el que determine las ubicaciones consensuadas y de manera transparente con los vecinos, que haya una mayor comunicación y que prevalezca el bienestar de la comunidad.