Campaña contra el fraude radiofónico en Lanzarote
Titeroygakat presenta denuncias ante el Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos de la isla
Lancelot Digital
El Organismo Social Canario Titeroygakat ha denunciado, mediante un escrito registrado ante la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos de la isla, la situación radiofónica en Lanzarote “con más de treinta diales ilegales”.
Tras la denuncia pública del colectivo Corporación Ciudadana Contra la Corrupción sobre las emisoras ilegales existentes en Lanzarote, la asociación Titeroygakat ha querido salir a la luz pública para respaldar dicha denuncia. “La acusación de piratería que se vierte sobre las emisoras sin frecuencia asignada por la comunidad autónoma pertinente tiene motivo de peso para ser denominada de dicha manera, ya que éstas vulneran lo legalmente reglamentado”, señalan en un comunicado.
“Que algunos personajes para gestionar una frecuencia y emisora ilegal creen una empresa presuntamente solvente, con instalaciones y empleados contratados legalmente, no quiere decir que no se esté cometiendo fraude e irregularidades, el hecho de que estas empresas paguen sus impuestos, facturen legalmente, declaren el IVA de sus transacciones, coticen a la Seguridad Social por sus empleados e incluso paguen a la SGAE, no le da derecho a explotar de manera ilegal una emisora, que no tiene una frecuencia y autorización legal para poder emitir. Por lo tanto, por muchos que algunos pretendan hacernos creer que son alegales éstas emisoras radiofónicas, nosotros tenemos que puntualizar que son ilegales, porque vulneran las leyes y porque están emitiendo sin la licencia que precisan”, añaden.
Tampoco extraña a este organismo “la amarga situación que padecen las emisoras legales, que se ven atadas de pies y manos porque las administraciones oficiales no actúan con contundencia contra las emisoras ilegales de esta comunidad, emisoras piratas que ejercen una competencia desleal e ilegal”. “En sentido estricto, y apoyándose en argumentos jurídicos, todas las cadenas radiofónicas con concesiones administrativas, tendrían derecho para denunciar al Estado y Comunidades Autónomas, porque la permisividad en este campo devalúa las frecuencias que ellos mismos han concedido y, por extensión, el negocio obtenido de su explotación”, continúa.
Ante la “pasividad” de las administraciones autonómica y local, Titeroygakat solicita públicamente a los responsables de los organismos oficiales correspondientes “que actúen para conseguir el cierre inmediato de las emisoras ilegales”, porque consideran que éstas “pone en peligro a las emisoras legales, que a través de sus empresas dan empleo a muchos centenares de personas”. “Esta lacra de las emisoras ilegales, es lamentable y preocupante. No podemos entender cómo puede continuar esta situación si se tiene en cuenta que la ley da todas las herramientas para que se actúe contra dichas emisoras, algunas de las cuales son auténticas cadenas radiofónicas”, señala.
Titeroygakat emite dicha denuncia a todos los ayuntamientos de la isla, el Cabildo y al gobierno de Canarias para el cierre de las emisoras ilegales. “Se insta a aplicar la ley con contundencia porque la pasividad de las administraciones en este asunto es más que demostrable”, precisa este colectivo.
“La situación es todavía más paradójica cuando se tiene en cuenta, que estas emisoras locales emiten habitualmente publicidad institucional de los mismos organismos que les debe cerrar su frecuencia por ser ilegal. No sólo eso, los partidos políticos mayoritarios les contratan sus campañas publicitarias previas y durante las elecciones, la doble moral y la poca vergüenza de quienes gobiernan estos partidos e instituciones está más que demostrada”, denuncia.
Por último, Titeroygakat solicita una relación de pagos en los dos últimos años a las distintas radios de Lanzarote, que se compruebe, a la hora de contratar publicidad en radio, si cuenta con dial legal; que se actúe de forma inminente contra las radios ilegales obligando a su cierre; y que se ponga en conocimiento a todos los partidos políticos con representación pública.
