Canal Gestión ahora solicita la resolución del contrato
La filial de Canal Isabel II comienza su estrategia jurídica contra la decisión del Consorcio del Agua de retirarle el control del servicio en la isla por su gestión
- Lancelot Digital
La decisión de Canal Gestión Lanzarote de anunciar ahora su intención de acudir a los juzgados para solicitar la resolución del contrato del agua ha generado sorpresa en pleno proceso abierto por el Consorcio del Agua, que ya había iniciado formalmente ese mismo procedimiento. La empresa ha comunicado que atribuye al Consorcio las causas que justificarían la ruptura del contrato, en un momento especialmente delicado, ya que la Asamblea del Consorcio deberá decidir en apenas unos días sobre el secuestro definitivo del servicio.
El movimiento se produce después de que concluyera el plazo concedido a Canal Gestión para presentar alegaciones dentro del expediente impulsado por el propio Consorcio. Una vez cumplido ese trámite, será la Asamblea la que analice la situación y determine si se da el paso final para intervenir la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote.
Trámites legales
En su comunicado, Canal Gestión Lanzarote asegura haber iniciado formalmente los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión al entender que existen causas imputables al Consorcio del Agua. La empresa sostiene que esta decisión se basa en un análisis técnico-jurídico tras más de doce años de prestación del servicio.
Entre los argumentos expuestos, la concesionaria señala el incumplimiento de inversiones comprometidas por parte del Consorcio, cifradas en 78,7 millones de euros. También recuerda que adelantó en su día un canon de 50 millones de euros que, según sostiene, no se destinó a la renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas de la isla.
Canal Gestión también denuncia un bloqueo en la actualización de tarifas desde 2017, una situación que, según expone, ha provocado un importante desequilibrio económico en la concesión. A ello suma modificaciones contractuales y órdenes de obra que considera unilaterales y que, a su juicio, habrían alterado las condiciones esenciales del contrato firmado en 2013.
La empresa considera además que la intervención cautelar del servicio acordada por el Consorcio supone un perjuicio injustificado, defendiendo que ha asumido compromisos por encima de sus obligaciones contractuales mientras la administración insular habría incumplido parte de sus responsabilidades.
Por todo ello, Canal Gestión anuncia que solicitará la resolución del contrato de concesión y reclamará compensaciones por los perjuicios económicos que considera derivados de esta situación, abriendo así una nueva vía judicial paralela al proceso ya iniciado por el Consorcio del Agua.
