Canal Gestión trata de “asustar” al Consorcio del Agua con la subida de precios

La empresa filial del Canal Isabel II señala en un comunicado que el TSJC se afirma en su derecho a actualizar la tarifa del agua

Canal Gestión continúa en su guerra contra el Consorcio Insular del Agua para tratar que se les permita actualizar y subir la tarifa del agua, algo que, según ellos, les corresponde por contrato desde el año 2017. Valoran dicha actualización en un importe superior a los 35 millones de euros. Fuentes cercanas al Consorcio del Agua aseguran que ya se ha recurrido y esperan que ocurra lo que ya pasó en la reclamación llevada a cabo por los años 2017 y 2019. Señalan que no van a tener que pagar, de momento, esa cantidad millonaria solicitada que la empresa considera que tenía que haber sido abonada por el usuario en su factura mensual.

En el comunicado  la empresa señala que “el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado íntegramente en sentencia del pasado 14 de mayo el incidente de ejecución promovido por la entidad Canal Gestión Lanzarote, acordando que sean adoptadas las medidas necesarias para que el Consorcio del Agua de Lanzarote actualice y abone las tarifas correspondientes a las anualidades ya vencidas (2020 a 2023, ambas inclusive). Ya en febrero de 2021, el Juzgado de lo Contencioso –Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia por la que se reconocía el derecho de la concesionaria, Canal Gestión Lanzarote, a percibir, en concepto de retribución del contrato y a partir del cuarto año de su duración, las tarifas actualizadas conforme a la fórmula IPC+1%. Esto responde a lo expresamente establecido en el contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de las islas de Lanzarote y La Graciosa suscrito con fecha 23 de mayo de 2013".

"A pesar del tiempo transcurrido, y contrariamente a lo establecido en el contrato y en la sentencia dictada, ya firme y con eficacia de cosa juzgada, el Consorcio del Agua no ha procedido a revisar las tarifas previstas en el contrato de concesión a partir del año 2017 ni tampoco a compensar el desequilibrio económico que esta situación ha generado a Canal Gestión Lanzarote por un importe superior a los 35 millones de euros, ya que la concesionaria sigue percibiendo en concepto de retribución exclusivamente las tarifas vigentes desde el año 2011. Dada la inactividad del Consorcio, Canal Gestión Lanzarote se vio obligada a recabar la tutela de los tribunales de Justicia para conseguir la efectiva ejecución de la sentencia".

Señalan que "el recurso estimado por la última sentencia del TSJC se planteó ante la decisión del Consorcio de limitar la revisión de las tarifas a los ejercicios 2017 a 2019, cuando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo era clara, al establecer que la revisión de las tarifas debería verificarse conforme a la fórmula de IPC+1 y a partir de la cuarta anualidad. De este modo, en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reconoce expresamente, y como situación jurídica individualizada, el derecho de Canal Gestión Lanzarote a la actualización de las tarifas conforme a la fórmula IPC+1%, amparándose su pretensión de que sean también actualizadas y abonadas las anualidades sucesivas ya vencidas y reclamadas a la Administración, en concreto, las anualidades 2020 a 2023, ambas inclusive”.