Sábado, 03 Octubre 2026
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La antigua concesionaria lleva a los tribunales la ruptura del contrato mientras el Cabildo prepara su defensa jurídica

  • Lancelot Digital


La batalla por el control del ciclo integral del agua de Lanzarote y La Graciosa ha entrado definitivamente en los tribunales. Canal de Isabel II ha presentado dos recursos contra los acuerdos adoptados el pasado 1 de junio por el Consorcio del Agua para resolver el contrato de concesión y recuperar la gestión directa del servicio.

El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, confirmó que la institución recibió este 1 de octubre la notificación judicial. Los procedimientos se encuentran todavía en una fase inicial y la empresa aún deberá concretar ante el tribunal los argumentos de fondo con los que pretende anular las decisiones del Consorcio.

La compañía ha solicitado además medidas cautelares. Entre ellas figura la suspensión de la ejecución de garantías por unos ocho millones de euros, según la información conocida sobre los recursos.

Desde el Cabildo aseguran que la judicialización no les ha cogido por sorpresa, aunque sí llaman la atención sobre las críticas que durante las últimas semanas había realizado el PSOE por una supuesta falta de transparencia respecto a acciones judiciales de las que, según sostiene el Consorcio, todavía no había recibido comunicación oficial. "Llevamos meses de que se nos tache de falta de transparencia", señaló Cejas.

Frente a los recursos, el Consorcio defenderá que la ruptura del contrato cuenta con respaldo técnico y jurídico. El Consejo Consultivo de Canarias avaló en mayo la resolución al considerar acreditados incumplimientos graves relacionados, entre otras cuestiones, con pérdidas de agua superiores al 50% y los continuos cortes del suministro.

La institución insular asumió directamente el servicio el pasado 2 de junio, después de que la Asamblea General aprobara por unanimidad la resolución definitiva del contrato y la reversión.

Ahora serán los servicios jurídicos del Cabildo los encargados de defender ante los tribunales los acuerdos adoptados. Se abre así un nuevo capítulo en un enfrentamiento entre Canal y el Consorcio que abandona definitivamente el terreno administrativo para librar buena parte de su futuro en los juzgados.


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