Canarias propone prohibir la compra de viviendas a quienes no acrediten diez años de residencia
El Gobierno autonómico plantea limitar las adquisiciones a dos inmuebles por persona para frenar la especulación inmobiliaria
- Lancelot Digital
El Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central una propuesta normativa para limitar la compra de viviendas en el Archipiélago por parte de personas no residentes. La iniciativa plantea exigir un mínimo de diez años de empadronamiento continuado en las islas, o quince años de residencia discontinua, independientemente de la nacionalidad del comprador.
El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a la población residente y frenar la presión sobre un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, especialmente por las adquisiciones destinadas a la inversión y la especulación.
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, explicó que la condición de región ultraperiférica de Canarias permite plantear medidas específicas dentro del marco europeo, amparándose en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
"Canarias necesita medidas singulares y específicas diferentes a las del resto del Estado", defendió Cabello, quien señaló que alrededor del 30% de las viviendas del Archipiélago están siendo adquiridas por extranjeros que no residen en las islas.
Un máximo de dos viviendas por comprador
La propuesta también contempla limitar las adquisiciones a un máximo de dos viviendas por persona, siempre que estén situadas en municipios diferentes.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende evitar la acumulación de propiedades con fines especulativos y priorizar el acceso a la vivienda de quienes mantienen un vínculo estable con Canarias.
Para llevar adelante estas restricciones, el Gobierno regional ha presentado dos documentos con diferentes recorridos legales. El primero plantea una fórmula mediante decreto ley que debería aprobar el Consejo de Ministros y posteriormente trasladarse a las instituciones europeas.
El segundo propone modificar la Ley de Bases de Régimen Local, un procedimiento más largo que permitiría a los ayuntamientos decidir sobre los usos del suelo y las limitaciones aplicables en determinadas zonas de sus municipios.
Cabello insistió en que el Ejecutivo lleva trabajando desde el inicio de la legislatura para encontrar una fórmula jurídica que permita proteger el mercado residencial canario.
Por el momento, se trata de una propuesta pendiente de tramitación y aprobación, por lo que las restricciones planteadas todavía no están en vigor.
