Canarias quiere gestionar sus costas sin depender de Madrid
El Gobierno autonómico busca adaptar la normativa a las singularidades del Archipiélago y consensuar su aplicación con los ayuntamientos
- Lancelot Digital
Canarias quiere tener mayor capacidad de decisión sobre sus 1.500 kilómetros de costa. El Gobierno autonómico ha presentado a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) las principales líneas del anteproyecto de la futura Ley de Costas de Canarias, con la que pretende adaptar la gestión del litoral a las particularidades de las ocho islas.
La propuesta, actualmente en fase de información pública, busca incorporar las aportaciones de los ayuntamientos y alcanzar el mayor consenso posible antes de su tramitación en el Parlamento de Canarias.
Aunque el Archipiélago asumió determinadas competencias en materia de costas en 2023, algunas de las más relevantes continúan en manos del Estado, como los deslindes y la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, defendió la necesidad de una normativa específica que responda a la realidad territorial de las islas. "Hay que buscar adaptar la normativa de costas al ámbito del territorio del Archipiélago, que es evidentemente muy diferente al conjunto del Estado. Estamos hablando de 1.500 kilómetros de costa y de ocho islas", señaló Rodríguez, quien insistió en que estas singularidades justifican una regulación adaptada a Canarias.
Los municipios reclaman una gestión coordinada
Entre los principales asuntos que contempla el anteproyecto figuran la ordenación de los núcleos costeros tradicionales, la gestión de las playas, la regulación de los espacios naturales de baño y la coordinación entre administraciones.
Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Brito, valoró la oportunidad que representa esta futura legislación para los municipios canarios. "Canarias no puede vivir de espaldas al mar. Tiene que gestionar nuestro litoral de una manera eficiente y también sostenible", afirmó.
Brito destacó además la importancia del consenso y la cogobernanza entre el Ejecutivo regional y los ayuntamientos para establecer criterios claros sobre las competencias y responsabilidades de cada administración.
La futura Ley de Costas pretende así avanzar hacia una gestión del litoral que tenga en cuenta tanto la protección del entorno natural como las necesidades de los municipios costeros del Archipiélago.
