Canarias mantiene el pulso con el Estado por los menores migrantes
Delgado avisa de que el Gobierno autonómico seguirá recurriendo a la Justicia para defender sus competencias
- Lancelot Digital
El Gobierno de Canarias reclama al Estado que asuma el triaje de los menores migrantes durante el control fronterizo, tal y como establece el Pacto Europeo de Migración y Asilo. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha advertido además de que el Ejecutivo autonómico continuará recurriendo a la vía judicial para defender las competencias de Canarias y los derechos de los menores.
Delgado realizó estas declaraciones tras reunirse este lunes con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un encuentro en el que también se abordaron el proceso de regulación y el sistema de acogida del Ministerio de Inclusión en Canarias.
La reunión no permitió acercar posiciones sobre la principal discrepancia entre ambas administraciones: quién debe encargarse del triaje de los menores migrantes en la frontera.
La consejera sostiene que esta tarea corresponde al Estado y que las comunidades autónomas no han asumido esa competencia. Según explicó, el Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el triaje debe realizarlo la Administración del Estado miembro competente en la frontera exterior.
“El triaje es competencia del Estado”, afirmó Delgado, quien insistió en que en España esta responsabilidad no ha sido delegada a las comunidades autónomas.
La titular de Bienestar Social señaló que Canarias no está reclamando una compensación económica al Estado para asumir esta función, sino que considera que debe ser la Administración estatal la que se haga cargo del procedimiento fronterizo.
El Gobierno autonómico mantiene así su posición de que la gestión de los menores que llegan a las islas debe diferenciarse de las responsabilidades que corresponden al Estado en materia de control y triaje fronterizo.
Delgado ha advertido de que el Ejecutivo canario continuará utilizando la vía judicial para defender su interpretación de las competencias y, especialmente, los derechos de los menores migrantes.
