Canarias se planta
El Ejecutivo regional determina que, a partir de hoy, los menores que llegan a sus costas son competencia del Estado
El Gobierno de Canarias defenderá a partir de ahora que los menores inmigrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad, tal y como publica Tiempo de Canarias.
Este anuncio escenifica la ruptura total entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno del Estado después de que el Archipiélago haya recibido casi 600 menores migrantes solo en el mes de agosto, lo que ha vuelto a desbordar su ya de por sí colapsado sistema de acogida sin que el Gobierno central haya aportado ninguna solución para derivar a parte de ellos a las comunidades autónomas peninsulares.
La gota que ha colmado el vaso se produjo durante el fin de semana en El Hierro cuando el Estado, afirma el Gobierno Canario, presionó a las ONG para que acogieran a los menores llegados estos días a pesar de que carecían de capacidad material para ello, alegando que la tutela de los menores llegados al Archipiélago en cayucos o pateras corresponde única y exclusivamente a las Islas. Una actitud que para el jefe del Ejecutivo canario ha quebrado por completo la confianza que debe guiar las relaciones entre ambas instituciones.
Al dar a conocer la decisión de no acoger ningún menor migrante más mientras los centros de las Islas se encuentren desbordados, Fernando Clavijo (CC) ha precisado que ello no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de "auxiliar" al Estado en su competencia.
Clavijo ya había anunciado en la mañana de este mismo lunes que el fin de semana ocurrieron cosas en El Hierro que "han marcado un antes y un después". Tras la reunión del Pacto Migratorio, lo ha explicado: la Policía denunció ante la Fiscalía las reticencias de una ONG a acoger a media docena de menores porque no le quedaban plazas ni espacio físico tras la acumulación de llegadas en la Isla y el Ministerio Público envió un requerimiento legal a su Gobierno.
Llegados a ese punto, ha añadido, el Ejecutivo canario considera que no se están cumpliendo los protocolos, que no prevén que la Policía pueda remitir a los menores directamente a las ONG que gestionan los centros de acogida autonómicos, y que le corresponde tomar medidas para proteger a los trabajadores de esas entidades y de la comunidad autónoma de posibles riesgos legales.
Clavijo ha reunido en la tarde de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria en la mesa del Pacto Migratorio de Canarias a los portavoces de todos los partidos representados en el Parlamento autonómico –incluido Vox, que no suscribió ese acuerdo ni forma parte de él– para darles cuenta de lo que ha aprobado este lunes su Consejo de Gobierno.
Ese acuerdo renueva la declaración de emergencia migratoria (lo que faculta a la administración a tomar decisiones de forma más ágil y rápida que por los procedimientos ordinarios) e "impulsa" como "máxima prioridad" la "concertación" de más plazas de acogida y la contratación de más personal para esas tareas, pero al mismo tiempo requiere al Estado para que cumpla el protocolo establecido antes de poner a su disposición a nuevos menores llegados en cayuco.
Su segundo punto es este: "Comunicar a las entidades colaboradoras (las ONG que gestionan sus centros de acogida) que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes". Y, además, faculta a sus servicios jurídicos para "iniciar estudios y, en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de esta comunidad autónoma".
En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha explicado que se han cansado de oír hablar durante meses de este asunto "como un problema exclusivamente de Canarias", cuando, a su juicio, la acogida a los menores extranjeros compete al Estado y así van a hacerlo valer a partir de ahora con su posición. Canarias se apoya en que la ley atribuye a las comunidades autónomas la tutela de aquellos menores que estén en su territorio en situación de abandono o desamparo, circunstancias que, bajo su criterio, no se dan con los niños y adolescentes de los cayucos, a los que filia, identifica y custodia a su llegada la Policía.
en la decisión de exigir que se cumplan los protocolos y de proteger a los trabajadores de los centros de acogida y de las ONG colaboradoras de posibles consecuencias penales.
