Canarias se une políticamente para exigir al Estado medidas ante el impacto de la crisis internacional

Clavijo advierte de que el decreto estatal no tiene efecto en las islas y denuncia una “doble penalización” de 150 millones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha presentado a los grupos parlamentarios una estrategia para reclamar al Estado financiación que permita activar un plan de choque frente a los efectos de la guerra en Irán sobre las familias y empresas del archipiélago.

Clavijo subrayó que el éxito de la negociación depende de que Canarias actúe con una sola voz para exigir el mismo apoyo que recibe el resto del país. En este sentido, aseguró que, tras analizar el decreto estatal, se han detectado “carencias importantes para que sus medidas tengan efecto en la población canaria”.

El plan cuenta ya con el respaldo de partidos políticos, empresarios y sindicatos. El presidente ha iniciado contactos con el Gobierno central, incluyendo a María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres, solicitando una reunión urgente.

Clavijo planteó medidas como la devolución del impuesto del combustible a los transportistas o la rebaja del IGIC, con el objetivo de negociar con el Estado “un paquete que, a través de compensaciones o de la flexibilización de las reglas fiscales, permita proteger a la población canaria”.

Apoyo político con matices

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de que el Estado tenga en cuenta las singularidades del archipiélago, aunque introdujeron matices en sus planteamientos.

El vicepresidente y portavoz del PP en Canarias, Manuel Domínguez, advirtió de que las medidas autonómicas pueden mitigar el impacto, pero no resolver el problema: “Necesitamos acciones del Gobierno de España. El decreto no atiende las circunstancias específicas de Canarias y, además, se financiarán medidas con recursos de los canarios que no tendrán impacto en las islas”.

Por su parte, el portavoz de Casimiro Curbelo insistió en que es “fundamental que el Gobierno de España se implique y tenga en cuenta las singularidades de Canarias”, recordando que su formación ya había planteado medidas en esa línea.

Desde Luis Campos, se valoró la coincidencia en la necesidad de proteger a los sectores productivos: “Muchas de las medidas coinciden con las propuestas del Gobierno, especialmente las dirigidas a proteger la economía de nuestra comunidad”.

El portavoz socialista, Sebastián Franquis, defendió la respuesta estatal y abogó por la implicación de todas las administraciones: “El Gobierno de España ya ha aprobado un real decreto de ámbito nacional. Ahora el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos deben hacer su parte”.

Una “doble penalización” para Canarias

Según el Ejecutivo autonómico, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros no solo no beneficia a las islas, sino que reducirá en 150 millones de euros su financiación a través del Fondo de Compensación, lo que consideran una “doble penalización”.

Ante este escenario, el Gobierno canario plantea dos vías: recibir medidas compensatorias específicas del Estado o flexibilizar las reglas fiscales para poder endeudarse sin comprometer los servicios públicos.