Canarias ya tiene la Ley que regula el alquiler vacacional

La nueva norma, aprobada entre reproches y divisiones políticas, deja en manos de los ayuntamientos la regulación de su desarrollo

Canarias ya tiene aprobada una Ley para regular el alquiler vacacional. No sin polémica el gobierno de Canarias sacaba adelante esta normativa con el apoyo de los grupos parlamentario de CC, PP y Agrupación Socialista Gomera. Votaron en contra de esa regulación propuesta por la Consejería de Turismo el PSOE, Vox y Nueva Canarias.

Tanto Nueva Canarias como el PSOE se opusieron porque cree que una Ley para beneficiar a los grandes tenedores, al sector hotelero reglado y por pasar ahora toda la responsabilidad a los ayuntamientos. “Esta ley invade competencias municipales, establece un porcentaje de un 10 % con carácter general y de un 20% para las islas verdes y los de reto demográfico, en los cuales se podrá explotar vivienda vacacional. Y la pregunta es: ¿cuántos de los ochenta y ocho municipios de Canarias tienen actualizados sus planes urbanísticos y cuántos de ellos gozan de estabilidad y de recursos suficientes para poder adaptar sus planes territoriales a la nueva, a la nueva norma en los próximos cinco años? Este Gobierno y su consejera de Turismo deriva a los ayuntamientos y a los cabildos la responsabilidad para regular la vivienda vacacional”, señala el socialista Gustavo Armas.

El representante del PP, David Morales, señaló que esta Ley era necesaria y será positiva para Canarias. Criticó que los socialistas dicen una cosa y hacen otra votando contra esta Ley cuando ellos mismos pedía hace poco una regulación del alquiler vacacional. “El liderazgo regulatorio de este Gobierno también en materia turística, la salvaguardia jurídica y legislativa del pequeño propietario, el punto y final a la proliferación de pseudohoteles y similares, y la revalorización de la capacidad decisoria y de la autonomía de nuestros ayuntamientos, que serán los que, mediante la necesaria planificación territorial y urbanística, determinarán dónde, cómo y cuántas viviendas vacacionales pueden asumir en sus términos municipales. Todo esto coaligado a su vez con el derecho constitucional de la ciudadanía al acceso a una vivienda digna y adecuada. Mismo derecho, miren por dónde, que sí defiende el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados con su membrete”.

CC, otro de los partidos mayoritarios defendió la valentía del gobierno de regular una actividad aun reconociendo que esta Ley no puede resolver todos los problemas. Socorro Beato señaló la importancia del alquiler vacacional regulado. “Claridad. Quiero decirles que los escuchamos y los entendemos, pero también debemos ser honestos. Esta ley no podía resolverlo todo. El Gobierno se ha comprometido a abordar estas cuestiones en un futuro decreto ley que ya se está preparando. Y les garantizo que el Grupo Nacionalista Canario va a estar vigilante para que eso se cumpla. Por tanto, lejos de cerrar este debate, hoy lo continuamos con la voluntad de seguir mejorando. Hay que repetir una vez más, esta ley no prohíbe el alquiler vacacional. Lo que hace es ordenarlo con sentido común y con equilibrio para que el turismo siga siendo el motor económico sin poner en riesgo el derecho a la vivienda y a la convivencia”.

Vox votó en contra de esa Ley porque considera que va a crear más problemas que soluciones y por su defensa al principio de la propiedad privada. La Agrupación Socialista Gomera dio un si condicionado a que en los futuros reglamentos aclaren los de actividad clasificada, un cuello de botella según las asociaciones defensoras del alquiler vacacional.