Comienza el juicio del caso Unión contra Dimas y 13 acusados más
Se juzga principalmente si el que fuera líder del PIL utilizó a su partido para cobrar comisiones cuando gobernaba Arrecife en un pacto con el PSOE
- Lancelot Digital
Mañana viernes, 1 de febrero, comienza en los Juzgados de Arrecife el juicio de la llamada pieza 12 del Caso Unión donde 10 años después se juzgará principalmente por parte de la Audiencia Provincial al que fuera líder del PIL, Dimas Martín por presuntos cobros de comisiones ilegales aprovechando que su partido gobernaba en un pacto con el PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife. A Dimas se le pide nada más y nada menos que 17 años de cárcel.
La Fiscalía pide también otros 17 años de cárcel para el que fuera primer teniente de alcalde de Arrecife Ubaldo Becerra Robayna, a quien considera integrante, junto a Martín y los fallecidos Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez, de una trama organizada para el cobro de comisiones destinadas a la financiación ilegal del partido y al lucro personal, en la que también habrían participado empresarios y técnicos municipales.
Según el escrito de conclusiones, la Fiscalía acusa por estos hechos a 14 personas, entre las que se encuentran los citados miembros del PIL y el exconcejal Antonio Ramos, el exinterventor municipal de Arrecife Carlos Sáenz, los empresarios Manuel Reina, Antonio Gómez, y Samuel Lemes.
Al conocido empresario turístico Juan Francisco Rosa también se le metió con calzador, al decir de los juristas, en esta pieza por haber contratado a Dimas Martín en unas de sus empresas, según la Fiscalía, para que pudiera obtener el tercer grado. A Juan Francisco, que ya salió absuelto del primer juicio de Stratvs, le defenderá de nuevo el abogado José Antonio Choclán.
A todos estas personas se suma la exjefa de contratación del Consistorio de la capital lanzaroteña, María Elena Martín; el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Juan Rafael Arrocha; y el ingeniero de caminos Antonio Cárdenas.
La Fiscalía Anticorrupción considera que debido a la exigencia de recursos económicos que imponían la campañas electorales de 2007 y 2008, y ante la imposibilidad de hacerles frente con las cuotas de sus afiliados, su líder, Dimas Martín, marcó como "directriz básica y estratégica" la recaudación de fondos.
El Ministerio Público defiende que Martín, como líder histórico, era cuando ocurrieron los hechos el verdadero "jefe" del partido y "director de la trama", ya que el "acusado ejercía durante los años 2007 a 2009 un ascendiente total y absoluto sobre el resto de miembros acusados de la trama".
