Conozca a la empresa que organizó un circo en Arrecife sin contrato y ahora reclama 350.000 euros
El Ayuntamiento sostiene que Fuerteventura Promociones y Producciones montó la feria Billy Capers por su cuenta y riesgo, pero la Justicia considera acreditada la contratación de los servicios y obliga al Consistorio a pagar
- Lancelot Digital
¿Se imagina organizar un espectáculo de 350.000 euros sin tener firmado un contrato con el Ayuntamiento y confiar en que después le paguen? Esa es, al menos, la situación que describe la defensa del Ayuntamiento de Arrecife en el conflicto que mantiene con la empresa organizadora de la feria Billy Capers, celebrada en septiembre de 2025 en la capital lanzaroteña.
La historia tiene un desenlace judicial, por ahora, favorable a la promotora. El Ayuntamiento de Arrecife ha sido condenado a pagar 350.000 euros por la celebración de un espectáculo que, según sostiene el propio Consistorio, nunca llegó a contratar formalmente. Una situación que resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que la feria se celebró con normalidad y llenó de acróbatas, músicos y actividades infantiles las calles de Arrecife.
Según la versión municipal recogida en el procedimiento, los contactos con la empresa se limitaron a conversaciones para conocer el coste de una posible contratación. El Ayuntamiento defiende que no existió una adjudicación formal ni un compromiso de pago y que, pese a ello, la promotora decidió seguir adelante con el evento por su cuenta y riesgo.
De esta manera, el espectáculo se celebró y posteriormente la empresa reclamó el dinero al Ayuntamiento. Ante la negativa municipal a reconocer la obligación de pago, el conflicto acabó en los tribunales.
Una feria sin contrato, pero con derecho a cobrar
La resolución judicial considera acreditada la prestación de los servicios y reconoce el derecho de la empresa a recibir el importe reclamado, pese a las irregularidades administrativas que rodearon la organización del evento.
El caso no es nuevo en la actualidad lanzaroteña. El pasado mes de agosto, Lancelot Digital ya informó de que la Fiscalía investigaba las circunstancias en las que se celebró Billy Capers sin un contrato administrativo válido. Los informes municipales incorporados a la investigación advertían de la ausencia de cobertura contractual y de que la factura de 350.000 euros carecía de expediente de gasto asignado.
El secretario accidental del Ayuntamiento llegó a declarar ante la Fiscalía que el evento se había celebrado sin contrato, una circunstancia que forma parte de las diligencias abiertas para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y penales.
La paradoja es que, mientras el Ayuntamiento sostiene que nunca encargó formalmente el espectáculo, la empresa ha conseguido que la Justicia reconozca su derecho a cobrar por una feria que efectivamente se celebró en la capital.
El caso Billy Capers y la investigación de los contratos festivos
La polémica se enmarca en una investigación más amplia sobre la contratación de eventos en Arrecife. Como publicó Lancelot Digital en septiembre, la querella de la Fiscalía contra el alcalde, Yonathan de León, y el concejal Echedey Eugenio examina posibles irregularidades en la gestión de diferentes celebraciones municipales, entre ellas Billy Capers.
El Ministerio Público investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. Se trata de una investigación todavía abierta, por lo que no existe una declaración de culpabilidad de los responsables municipales.
Por su parte, Echedey Eugenio ya había defendido públicamente que el expediente de Billy Capers no pasó por su departamento, desvinculándose de la contratación de este espectáculo.
El Ayuntamiento ha decidido recurrir la sentencia que le obliga a abonar los 350.000 euros. Su posición es que no puede asumir una factura por una actividad que, según su propia defensa, nunca contrató formalmente.
Así, Billy Capers vuelve a situarse en el centro de la polémica sobre la gestión de los festejos de Arrecife. Una empresa que organizó una feria, un Ayuntamiento que asegura no haberla contratado y una resolución judicial que, de momento, reconoce el derecho de la promotora a cobrar por el espectáculo.
