Conozca el partido que prohibirá la vivienda vacacional en Canarias
Podemos e Irene Montero defienden prohibir los alquileres turísticos en Canarias dentro de la confluencia electoral de Unidad del Pueblo Canario
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Irene Montero ha situado la vivienda vacacional y el modelo turístico en el centro de su discurso electoral en Canarias. La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno defendió la prohibición de esta modalidad alojativa en el archipiélago y acusó al turismo de estar «cargándose la vida misma» de los canarios durante un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria ante unas 400 personas.
La intervención tuvo lugar en el marco de la campaña de Unidad del Pueblo Canario (UPC), la confluencia electoral en la que Podemos concurre junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista, Izquierda Unida Canaria y Movimiento Sumar Canarias. La alianza está encabezada por Luis Campos, de Nueva Canarias, como candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas.
Montero centró buena parte de su intervención en las dificultades de acceso a la vivienda y en el impacto que, a su juicio, tiene el actual modelo turístico sobre la población residente. Como ejemplo, mencionó Adeje, donde aseguró que el 30 % de las viviendas son turísticas, y cuestionó que se priorice la actividad alojativa frente a las necesidades de quienes buscan una casa para vivir.
La dirigente también criticó las condiciones laborales vinculadas al sector, al que responsabilizó de mantener salarios bajos, generar contaminación y consumir recursos por encima de los límites que considera sostenibles. «Canarias tiene un límite, todo tiene un límite», afirmó.
Entre sus propuestas añadió un salario mínimo de 1.800 euros por una jornada de 30 horas semanales, aumentar la fiscalidad sobre la banca y las grandes empresas y frenar nuevas compras de armamento.
En materia migratoria, Montero defendió la acogida y la solidaridad entre territorios, y sostuvo que ningún migrante sobra.
La propuesta de prohibir la vivienda vacacional sitúa a Podemos y a sus socios electorales ante uno de los debates centrales de Canarias: cómo regular la actividad turística y compatibilizarla con el acceso a la vivienda y las condiciones de vida de la población residente.
