Cs y PP, satisfechos con que no se puedan cerrar desaladoras privadas
"En el PSOE vamos a seguir luchando y defendiendo el ciclo integral del agua en Lanzarote", aseguran
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Ciudadanos (Cs) siempre ha creído que impedir las desaladoras privadas en la isla era atentar contra la ley del libre mercado y, por lo tanto, ilegal. Hoy con la sentencia que impide el monopolio del agua en la isla han vuelto a reiterar su tesis de que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, camina contracorriente.
"El TSJC ha dicho que es anticonstitucional y que va contra la Ley de aguas y la normativa europea que nos hemos dado todos, con lo cual es una muy buena noticia", asegura el consejero de Cs en el Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo.
En una línea argumental similar se mueve el Partido Popular (PP), que siempre rechazó que en Lanzarote se impusiera un monopolio que no existe en otras islas.
"Creo que cuando estamos en un mercado de liberalización lo que no se puede es prohibir desaladoras privadas en la isla de Lanzarote. Eso es lo que pretendía CC y afortunadamente otra sentencia más nos da la razón", sostiene la presidenta del PP insular, Ástrid Pérez.
A partir de ahora se plantea una posible subida de tarifas del agua doméstica que Cs rechaza. "No, porque hay un contrato firmado por Canal Gestión de 2014 que dice que la subida será de 1% más el IPC (Índice de Precios al Consumo), con lo cual no tiene por qué haber ningún problema", explica Perdomo.
El PSOE, que se mostró en su día a favor de cerrar las 48 desaladoras privadas que contabilizó el Consejo Insular del Agua, ahora dice que "en el PSOE, con independencia de que somos respetuosos con lo que digan las sentencias, vamos a seguir luchando y defendiendo el ciclo integral del agua en Lanzarote, porque entendemos que es la fórmula para garantizarle en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos de la isla de Lanzarote, con independencia del rincón en el que residan, el agua pública", afirma José Juan Cruz, portavoz del PSOE en el Cabildo de Lanzarote.
Cs ya adelanta que en las alegaciones al II Plan Hidrológico que se está redactando pedirá que las desaladoras privadas paguen una tasa que revierta después en inversiones sanitarias o sociales.
