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¿Cuál es el plan del Gobierno para después del 9 de mayo?

Las medidas que propongan las comunidades autónomas tendrán que ser validadas por el Tribunal Supremo

 

  • Lancelot Digital
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    El próximo domingo 9 de mayo finaliza el estado de alarma que entró en vigor en octubre de 2020, cuando decaiga el Gobierno ha anunciado la entrada en vigor de un Real Decreto que tendrá como objetivo facilitar a las comunidades autónomas el implantar ciertas medidas y restricciones.

     

    La propia ministra de la Presidencia, Carmen Calvo ha señalado que el 9 de mayo entrarán en vigor una serie de medidas, a pesar de la caída del estado de alarma. "Se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos y libertades públicas. En tiempo récord el tribunal supremo puede dictar la última palabra y ofrecer seguridad jurídica".

     

    De esta forma, en el momento en que finalice el estado de alarma el Gobierno establecerá varias medidas que afectan a varios ámbitos, la mayoría de carácter social. Estas serán prorrogadas durante tres meses más. En lo referente al control de la pandemia, se controlará la entrada de pasajeros internacionales, especialmente cuyo origen sea de países donde se hayan detectado variantes preocupantes.

     

    Se establece, también, la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, así como la garantía de suministro de agua, energía y el bono social de la electricidad. Esta cobertura especialmente reforzada beneficia también a las mujeres víctimas de violencia de género.

     

    En materia sanitaria, se mantienen las ayudas a la jubilación a aquellos profesionales que volvieron a la actividad para ayudar contra la pandemia.

     

    Las medidas de protección excepcional en materia socioeconómica, se van a mantener tres meses, hasta el 9 de agosto. Están explicitadas en el texto, con elementos como el bono social, la posibilidad de las medidas protectoras en materia de vivienda y pobreza energética, o la obligación de rehacer las reuniones de las comunidades de propietarios.

     

    Un aspecto muy importante es que todas las medidas que propongan las comunidades tendrán que ser validadas por el Tribunal Supremo.

     

    En este sentido, hay un importante número de Comunidades Autónomas que ya se ha posicionado en contra del decreto que está preparando el Gobierno central para el fin del estado de alarma y con el que el Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. "Trasladan la responsabilidad a los jueces", proclaman regiones como Cataluña, una idea con la que coinciden varios presidentes autonómicos, que acusan al Ejecutivo central de "judicializar" este asunto.

     

    En concreto, las autonomías gobernadas por el PP, además de Cantabria, País Vasco y Cataluña, han criticado que el Gobierno central se exima de sus responsabilidades políticas asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, comunidades lideradas por el PSOE, como Extremadura, sí que ha considerado acertada la decisión de unificar doctrina.

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