Culmina el juicio de la incautación de la desaladora con la Fiscalía pidiendo la absolución

La fiscal cree que el expresidente del Cabildo, San Ginés, el exsecretario Francisco Perdomo, y el exgerente José Duchemín no cometieron un delito de prevaricación

Mucho ruido, muchos días de titulares llamativos, muchas horas de sesiones maratonianas, pero lo cierto es que este miércoles terminaba el juicio que el Juzgado de lo Penal de Arrecife celebró para saber si los tres acusados, entre ellos el expresidente Pedro San Ginés, habían prevaricado cuando ordenó la incautación de la ya famosa desaladora de Club Lanzarote en Yaiza. Y terminó con la sensación generalizada de que los acusados pudieron equivocarse, en el peor de los casos, pero nunca para dañar a nadie y creyendo en todo momento que no sólo era lo mejor para el interés general sino lo ajustado a derecho. Lo cierto es que Lanzarote ha vivido otro juicio mediático que trataba de buscar más la inhabilitación política de Pedro San Ginés por parte de sus enemigos que conseguir la noble necesidad de hacer Justicia con mayúsculas.

La propia Fiscalía pidió la absolución de los tres acusados al entender que, posiblemente, había otras figuras menos lesivas para obligar a Club Lanzarote a acabar con los reiterados incumplimientos de vender agua a terceros al doble del precio del resto de los ciudadanos de Lanzarote y sin autorización. Eso no significa necesariamente que los acusados hayan adoptado una medida injusta a sabiendas de que lo era. Es decir, no se puede demostrar que hayan cometido prevaricación.

La declaración de Saavedra

También este miércoles intervinieron como testigos el exdiputado del Común, el socialista Jerónimo Saavedra, quién certificó que venía requiriendo al Cabildo que tomase medidas efectivas para impedir que los vecinos de Montaña Roja pagasen mucho más cara el agua que el resto de los ciudadanos de la isla. Incluso el que fuera presidente del Gobierno de Canarias y ministro, reconoció que había advertido a la Presidencia del Cabildo de aquellos años, amenazando incluso con enviar a la Fiscalía el asunto si la primera institución insular seguía sin adoptar ninguna medida tendente a que los vecinos pagaran un agua más barata, tal y como posteriormente se consiguió tras la incautación, al llegar el Cabildo a un acuerdo con los propietarios de Club Lanzarote.

También intervino en la última jornada del juicio como testigo el abogado Ignacio Calatayud quién defendió la legalidad de la incautación de la desaladora de Club Lanzarote. Reconoció que el aconsejó al presidente del Cabildo como asesor del Consejo Insular del Agua de Lanzarote la incautación o la clausura de la planta desaladora. Matizó que él creía que San Ginés acertó al inclinarse por la medida cautelar de la incautación al entender que era menos gravosa para los intereses de los vecinos. La clausura de planta por vender agua a terceros sin autorización hubiese desabastecido de agua a las viviendas de ese Plan Parcial de Playa Blanca.

En pro del interés general

Calatayud señalo a través de videoconferencia que a su entender se adoptó por parte de la Presidencia del Cabildo la decisión más adecuada para defender el interés general. Asimismo, negó que hubiera hecho falta el permiso del Gobierno de Canarias para proceder a la incautación bajo el criterio de que una planta desaladora es de dominio público.

En el apartado de peritos cabe destacar el alegato de un experto catedrático en Derecho Administrativo de la defensa quién certificó que, a su criterio, no hacía falta autorización judicial como exigía la acusación popular representada por el exconsejero de Podemos, Carlos Meca, y otros miembros de su partido por aquel entonces para intervenir la planta por parte del Cabildo de Lanzarote. Y lo justificaba al certificar que una planta desaladora no es un domicilio, ni una incautación es una medida expropiatoria.

La acusación popular insistió en su alegato final en seguir exigiendo la inhabilitación de los tres acusados a 8 años de inhabilitación por entender que hubo un abuso de poder por parte de San Ginés y del resto de acusados cuando ordenaron la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja

El abogado de San Ginés tras negar que hubiera producido un delito de prevaricación, señaló que le llamó la atención que fuera la acusación popular, en representación de consejeros de Podemos de aquel entonces, los que defendieran los "pingües beneficios" que los propietarios de Montaña Roja obtenían de manera irregular por vender el agua a terceros sin autorización. Asimismo, insistió en que no hubo arbitrariedad y que la medida de la incautación era proporcional. Reiteró que en este caso se puede interpretar como el mundo al revés cuando la acusación popular (Meca y compañía) defienden los intereses de los que vendían durante años el agua sin autorización y no el interes general de los ciudadanos.

Pedro San Ginés aprovecho la oportunidad que se ofrece a los acusados de decir unas últimas palabras para defender su inocencia y la de los otros dos acusados.