Denuncian la tramitación de las multas de tráfico de Arrecife
El comité de empresa lleva a Fiscalía la adjudicación del servicio a una empresa privada
- Lancelot Digital
El comité de empresa del Ayuntamiento de Arrecife ha denunciado ante Fiscalía la adjudicación por 180.000 euros a la empresa privada Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. para gestionar las multas de tráfico en el municipio. Así lo ha hecho saber Ciudadanos, que pide explicaciones a la alcaldesa sobre el contrato.
En concreto, según publica por su parte La Provincia, el comité de empresa afirma que el contrato se adjudicó "sin que el procedimiento administrativo para la firma del mismo se haya gestionado por el departamento de contratación como correspondería a un contrato de dicha cuantía, sin informe de contratación, tesorería e intervención".
El departamento de Tesorería, según La Provincia, se ha negado incluso a pagar la factura presentada a finales del pasado año por la empresa. Sin embargo, el tesorero, Antonio Cabrera Panasco va más allá del proceso de adjudicación en sí y lo que critica es que se haya externalizado el servicio. Considera, según declaraciones publicadas en este diario, que "no es admisible" que la empresa adjudicataria "se dedique a la tramitación global de expedientes y procesos administrativos actuando el funcionario en la firma de los documentos precisos". En concreto, presenta dudas sobre si los expedientes en los que debe extender su firma son correctos. "El tesorero se dedica a extender la firma en ellos sin que tenga la garantía de que el procedimiento ha sido tramitado por el personal funcionario del Ayuntamiento", añade.
El comité de empresa también denuncia que se han producido incidencias desde la adjudicación del servicio como "la colocación por parte de la empresa privada de una persona ajena a la corporación para trabajar en el departamento de multas", así como "el envío de multas duplicadas o el desfase contable por multas emitidas por dos entes diferentes", según Ciudadanos, que ha pedido a la alcaldesa que "dé la cara y que aclare por qué y cómo se ha llevado a cabo la adjudicación".
"Se trata de un importe de 180.000 euros que forman parte del presupuesto municipal, por lo que no se puede permitir que se juegue con dinero público y, mucho menos, que miembros de la corporación ofrezcan tratos de favor a determinadas empresas privadas", ha sentenciado la concejal de Ciudadanos, Delia Hernández.
